Los afectados por la Ley de Costas amenazan con dejar de pagar la hipoteca a los bancos

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas ha tomado una decisión que puede causar la pérdida de millones de euros a las entidades bancarias españolas: va a recomendar a sus afiliados que dejen de pagar las hipotecas.

La presidenta de la Plataforma, Carmen del Amo, ya se ha puesto en contacto con distintas entidades y asociaciones bancarias para comunicarles la decisión. El objetivo es que las entidades de depósitos comuniquen al Gobierno la situación que se puede crear, ya que les haría perder millones de euros, para que suavice la aplicación de los deslindes y se avenga a pactar con los afectados.

Los bancos ya se han puesto en contacto con el Gobierno, pero parece que sin ningún resultado concreto, según explicaron las fuentes consultadas. Ante ello, los afectados han decidido pasar a la acción y que vean "que no es sólo una amenaza, que vamos en serio".

Para hacerse una idea de la magnitud que puede alcanzar la iniciativa, sólo en la Comunitat 50.000 valencianos pueden dejar de pagar sus hipotecas. En el conjunto del Estado los perjudicados superan el medio millón.

La posición de los afectados se basa en el hecho de que cuando se aplica un deslinde que afecta a edificaciones ya construidas, el valor de los inmuebles se devalúa. "¿Quién va a querer comprar un inmueble que dentro de unos años puede ser demolido con una compensación económica mínima?", explican.

Según la política que está llevando a cabo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se aplica un deslinde el Estado procede a la expropiación de los terrenos y de los edificios que hay en la zona. Como máximo, el Gobierno concede a los propietarios un plazo de 30 años, prorrogables otros 30, en el que pueden permanecer en las viviendas.

Pero el destino final es la desaparición de las propiedades. Ya hay precedentes. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, ha demolido 53 edificaciones (sobre una superficie de más de 8.000 metros cuadrados) en la Comunitat durante los últimos cuatro años.

Uno de los casos más llamativos ha sido el del restaurante La Pepita en Sagunto, un edificio con más de 100 años. El propietario tuvo que costear los gastos de demolición.

Ante esta política, los afectados consideran que una vez que la Dirección General de Costas aplica un deslinde la propiedad deja de ser segura. En muchos casos, los dueños de las edificaciones afectadas por la expropiación están pagando una hipoteca.

Ahora, como medida de presión, piensan dejar de pagarlas. Las consecuencias para ellos serán mínimas, ya que en cualquier caso la vivienda va a dejar de pertenecerles. El problema será de los bancos.

De esta forma pretenden hacer al Gobierno recapacitar. "Si no nos escucha a nosotros, que oiga la voz de los bancos", remarcaron las mismas fuentes en referencia a un sector que tiene un peso mucho más importante en la economía española. Y es que, tal y como está el sector inmobiliario, el golpe para determinadas entidades bancarias puede ser muy fuerte.

La medida fue tomada hace algo más de un mes por la asamblea de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas celebrada en Valencia. Al margen de esta medida de presión, los afectados van a continuar con el resto de actuaciones que tienen en marcha, tanto jurídicas como políticas.

Los propietarios han denunciado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo los supuestos abusos cometidos por la Administración central en la aplicación de la Ley de Costas de 1988.

La Comisión tiene que estudiar el informe remitido por la Plataforma de Afectados en su próxima reunión del mes de septiembre.

Entre sus quejas plantean que mediante un proceso administrativo puede arrebatárseles su propiedad prácticamente sin compensación económica. Y todo ello pese a que compraron un terreno o construyeron una vivienda cumpliendo estrictamente la legislación vigente en el momento.

El documento denuncia lo que, en su opinión, se trata de una actuación arbitraria de la Administración en la aplicación de la Ley de Costas. Los afectados ponen de manifiesto la inseguridad jurídica en la que se encuentran los propietarios.