El Consell desahucia a 80 familias de la Coma tras revisar sus ingresos

Revisan el buzón todos los días con temor. Los vecinos del barrio de la Coma de Paterna viven pendientes de la posibilidad de ser desahuciados de sus viviendas. El Consell, a través del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), propietario de los inmuebles, ha comenzado a revisar su situación económica. Y más de 80 familias ya han recibido un documento de desahucio que les obliga a abandonar su hogar.

Las cartas tienen como fin regular y renovar los contratos, según el reglamento 75/2007 del 18 de mayo. El criterio que se está aplicando es que los núcleos familiares, independientemente del número de miembros, que tengan ingresos superiores a 15.400 euros, serán desahuciados.

Actualmente, en torno a 80 familias están en proceso de desahucio por diferentes causas. Además de superar unos ingresos mínimos anuales, algunas de las familias tienen que abandonar su casa por deudas de alquiler o por haber comprado o heredado una propiedad.

En el caso de que las familias desahuciadas se resistan a abandonar sus hogares se procede a la intervención policial, dejando a los inquilinos únicamente con lo que rescaten en el momento de la intervención. Muchas familias ya han tenido que marcharse del barrio.

Desde la asociación vecinal citan la historia de una pareja joven, de unos 25 años, con un hijo. Mejorar la situación económica de la familia les supuso tener que abandonar no sólo el barrio, sino cambiar de provincia. Encofrador de profesión, este vecino gozó en los últimos años de una buena situación. El Instituto de la Vivienda tiene en cuenta los últimos cuatro años, pero actualmente la crisis de la construcción le ha dejado en una situación precaria.

Perder las raíces

Según han afirmado algunos vecinos "muchas familias en esta situación han echado raíces, han establecido vínculos y potencian la normalización del barrio, por lo que su desahucio provocará una debilitación progresiva del tejido social y asociativo".

Cientos de cartas están siendo enviadas a las familias para comprobar la documentación. En el caso de que se cumplan los requisitos se renovaría el alquiler de las viviendas. En caso contrario se procedería al desahucio de las viviendas. "La no renovación de contratos de alquiler por superar dicho límite de ingresos provocará que el barrio de la Coma se convierta en un núcleo con muy bajos ingresos, sin arraigos, sin tejido social, lo que acarreará un alto nivel de conflictividad y enfrentamiento", aseguran desde la Asociación de Vecinos y Entidades del Barrio de la Coma.

Fuentes del IVVSA confirmaron que los inquilinos deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentra el nivel de ingresos de la familia. Siempre van a tener prioridad las personas sin recursos, ya que las viviendas son sociales y mientras que haya demanda seguirán ocupándola los más necesitados.

Loles Ripoll, portavoz de Compromís per Paterna, manifestó que el IVSSA podría ofrecer a las familias que hayan mejorado económicamente la posibilidad de continuar en sus casas aplicando medidas como la subida del alquiler de acuerdo con sus ingresos, o ofreciéndoles la opción de compra.

Retirada de ayudas

En la actualidad se está aplicando una fórmula informática que supone la retirada de bonificaciones para el alquiler a familias con ingresos en torno a los 300 euros mensuales, independientemente del número de miembros. Además, desde la asociación de vecinos aseguran que esta situación llega en un momento en el que ha disminuido las ayudas sociales y ha aumentado el desempleo, que agudiza la situación ya precaria de estas familias.

"Nos parece insuficiente afrontar este importantísimo trabajo con tres técnicos de apoyo a las comunidades de vecinos para todo el parque de viviendas del IVVSA en la Comunitat Valenciana (más de 20.000 viviendas), como está haciendo en la actualidad", afirman desde la Asociación de Vecinos de La Coma.

La entidad vecinal apoya al IVVSA para que promueva mejorar la calidad de vida de los vecinos. Además, aboga por tomar medidas con aquellos vecinos que obtengan ingresos ilegales no declarados. El objetivo es dar estabilidad al tejido vecinal del barrio.