Los afectados denuncian que Costas permite que el mar invada terrenos para luego expropiarlos

La ley de costas cumple hoy 20 años. Un aniversario que viene marcado por la aceptación por la comisión de peticiones de la Unión Europea de la queja presentada por la Plataforma Nacional de Afectados.

La asociación, que reúne a más de 20.000 miembros en toda España, presentó ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo un informe en el que denuncia "la aplicación abusiva" de la legislación.

La pasada semana el presidente de la comisión de peticiones, el eurodiputado polaco Marcian Libicki, anunció que el contenido de la denuncia guarda relación con las actividades de la Unión Europea.

La aceptación de la denuncia implica, según las fuentes consultadas, que el Parlamento Europeo cuestiona la forma en la que se ha aplicado la ley. Los afectados hacen hincapié de forma especial en lo sucedido en los últimos cuatro años.

Fuentes de la Plataforma señalaron que la aceptación de la denuncia por el Parlamento Europeo abre una nueva etapa "y alguien tendrá que explicar las actuaciones abusivas". Para los integrantes de la Plataforma "es significativo que la única instancia que decididamente va a investigar el asunto está fuera de España".

En el informe presentando ante la Unión Europea los afectados denuncian que la Administración central española está permitiendo la regresión del litoral en determinados puntos para proceder posteriormente a los deslindes.

El documento recuerda que en algunas zonas la regresión del litoral está causada indirectamente por el propio Gobierno al permitir la construcción de espigones en puertos u otras infraestructuras que evitan que las corrientes marinas aporten materiales a la zona sur.

El efecto sombra de estas infraestructuras causa una regresión del litoral que va dejando cada vez más cerca de la costa las viviendas y, según denuncian, acaban siendo incluidas en un deslinde con lo que los dueños pueden a llegar a perder su propiedad sin prácticamente una compensación económica.

Según el informe remitido a la Unión Europea se han producido varios casos en la Comunitat. La construcción del puerto de Burriana ha hecho que el mar se haya tragado "extensas zonas de terreno al sur". En Moncofa, una localidad vecina, algunos propietarios han visto como sus parcelas "se encuentran bajo el agua".

Una situación similar se ha producido con las obras de encauzamiento de la desembocadura del Segura en Guardamar. Los espigones están causando la pérdida de la playa sur y que la duna asociada a ella penetre en la pinada litoral, donde hay unas viviendas dadas en concesión a las que ya llega el mar.

El informe de los afectados denuncia que los procesos de recuperación de las playas del Ministerio de Medio Ambiente "no se coordinan con los deslindes. La Administración regenera cuando quiere y tramita los deslindes también cuando le parece, incluso cuando la regresión de la costa se debe a causas originadas por el propio Estado".

La denuncia de los afectados insiste en que el Gobierno no espera para deslindar a "se haya hecho previamente la regeneración de la playa". Pone como ejemplo la playa de Corinto (Sagunto), cuyo extremo norte está en regresión. Allí se aprobó un deslinde que retrasóel dominio público hacia el interior por la invasión del mar. El proceso de regeneración se ha iniciado tras concluir el proceso administrativo.

El informe no puede ser más claro: "La Administración renuncia regenerar, mantener o defender los tramos de costa donde existen ocupaciones que le parecen ilegales". Los casos se acumulan. Desde Arenales del Sol en Elche, Puçol o Nules, al sur del puerto de Burriana.

En el documento remitido a la UE se apunta que el Gobierno debería regenerar primero y luego deslindar, "porque lo contrario es lo más parecido a un robo o a un expolio".

Aplicación de la ley

Durante la legislatura en la que Cristina Narbona estuvo al frente del Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Costas intensificó la política de deslindes de forma que en la Comunitat Valenciana ya se ha sometido a este procedimiento el 92% de la línea costera.

La consecuencia inmediata ha sido el incremento de las demoliciones que durante los últimos cuatro años han superado el medio centenar sobre una superficie de unos 8.000 metros cuadrados.

La ley de 1988, que hoy cumple 20 años, nació con la idea de conectar el dominio público marítimo terrestre con el desarrollo urbanístico y suplir así una de las principales carencias de la legislación anterior, que databa de 1969.

Una de las principales aportaciones de la ley fue dotar de efectos civiles a la aplicación de un deslinde de forma que las propiedades incluidas en el dominio público marítimo se extinguen y desaparecen.

Con anterioridad, los efectos del deslinde sobre la propiedad privada eran modestos o inexistente. Según recoge el informe remitido, durante los años 90 las consecuencias de los deslindes "sobre las propiedades privadas se convirtieron en demoledores, al causar simple y llanamente su extinción".

Así, según la denuncia presentada ante la Unión Europea, "el régimen actual en España consiste, a grandes rasgos, en que cuando una propiedad pasa a ser de dominio público por efecto de un deslinde" se da una concesión para 60 años y se extinguen los derechos.

Y añade que puede afirmarse "que en España la propiedad privada, si hablamos de la costa, no es segura. Ni los propietarios actuales ni los futuros pueden estar seguros de que un deslinde no les privará de sus viviendas, sin que el Estado les dé nada o casi nada a cambio".

Con 20 años de historia, la ley de Costas y el Gobierno, encargada de aplicarla, se enfrentan a una investigación abierta por el Parlamento Europeo que puede acabar con una sanción a España.