Los afectados por la ley de Costas denuncian el doble criterio que aplica el Gobierno

La ley de Costas presenta puntos que dan lugar a hacer distintas interpretaciones. La Plataforma Nacional de Afectados ha denunciado ante la Unión Europea que el Gobierno está utilizando estas "ambigüedades" sin un criterio claro con lo que se han posibilitado "interpretaciones abusivas".

Así destacan que uno de los casos más llamativos es el caso de las dunas, ya que la ley considera la posibilidad de que éstas tengan un origen artificial para que puedan incluirse dentro del dominio público marítimo terrestre, una posibilidad que puede dar lugar a la "arbitrariedad".

En el informe remitido a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la Plataforma Nacional de Afectados recuerda que no es hasta la ley de 1988, cuando se incluyen las dunas dentro del dominio público marítimo. "Por tanto, la totalidad de los edificios anteriores a 1988(...) podían ocupar la duna sin quebrantar ninguna ley", resalta el documento. Ante ello, opinan que los deslindes no pueden afectar a las propiedades, ya que la legislación no tiener carácter retroactivo.

El informe denuncia que en el caso de los deslindes de Arenales del Sol (Elche), las viviendas de Playa Lisa y Gran Playa (Santa Pola) y el Saler se ha utilizado el criterio de la existencia de dunas para justificar los deslindes. La Plataforma de Afectados explica que en el litoral de la Comunitat hay ya una ocupación generalizada por las edificaciones.

Por ello, los afectados consideran que es "contrario a la coherencia, a los principios morales y al derecho constitucional a la igualdad" que se permita que núcleos urbanos que se asientan sobre antiguos cordones dunares no se vean afectados por la ley, mientras que se aplica el deslinde únicamente a determinados punto del litoral de la Comunitat Valenciana. En el documento reiteran que se trata de un problema de "congruencia jurídica" y que la única solución es la "flexibilización de los criterios en estos cuatro deslindes y otros semejantes". Según la Plataforma, "lo contrario exigiría declarar como dominio público toda la fachada costera de las playas levantinas".