Seguridad Nuclear propone una sanción récord de hasta 22,5 millones para Ascó

Cuatro infracciones graves -una de ellas en grado máximo- y dos leves. Es lo que imputa el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a los responsables de la central nuclear de Ascó por la pésima gestión de la fuga de partículas radiactivas registrada en noviembre y comunicada cinco meses después. Si el Ministerio de Industria acepta el veredicto del organismo de vigilancia radiológica podría imponer a las empresas propietarias -Endesa e Iberdrola- una sanción de entre 9 y 22,5 millones de euros.

Sea cual sea el monto final, el correctivo establecerá un nuevo récord en el historial nuclear español; en 2006 Industria multó a Vandellós II con 1,6 millones de euros, hasta ahora la penalización más dura.

Los cinco consejeros del CSN, reunidos ayer en pleno, fueron unánimes. Consideran que, "aunque no ha existido daño a la población ni al medio ambiente" y la estimación del riesgo era "remota", se registraron "fallos significativos en el control y el suministro de información" por parte del titular de la planta.

El dictamen del CSN incluye seis propuestas de sanción; cuatro por infracción grave, de ellas una en grado máximo y tres de grado medio, y otras dos infracciones leves en grado mínimo. La ley del CSN, reformada en 2007, fija para las infracciones graves multas de entre 1,5 y 9 millones de euros, y para las faltas más leves 15.000 euros.

El incidente se comunicó al Consejo en abril, con cinco meses de retraso y cuando ya lo había denunciado Greenpeace. En noviembre una cantidad de agua y lodos contaminados acabaron indebidamente en la piscina del combustible gastado, una de las zonas de mayor intensidad radiactiva de la central, y después en el sistema de ventilación del edificio que las dispersó por buena parte del perímetro de la central. Meses después se localizaron nuevas partículas contaminadas, de cobalto 60 y otras, fuera del recinto de Ascó, en un talud del Ebro y en una chatarrería de Reus, a 40 kilómetros de distancia.

La deficiente información y las estimaciones de la fuga a la baja facilitadas por la empresa titular -ANAV, Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, participada por Endesa e Iberdrola- obligaron al CSN a elevar la gravedad del incidente, de nivel 1 a 2. En abril fueron destituidos el director y el jefe del servicio de protección radiológica, y durante los meses siguientes se practicaron más de 2.000 evaluaciones médicas a trabajadores y personas vinculadas a la central, incluidos centenares de escolares que habían visitado las instalaciones con posterioridad a noviembre. 43 alumnos del IES Vila-roja de Al massora (Castellón) se sometieron también a las pruebas.

Ahora corresponde al Ministerio de Industria concretar si hay o no castigo a los responsables de la central y su cuantía. ANAV analizará el informe del CSN y, una vez tenga noticias de Industria, "efectuará las alegaciones pertinentes", afirmó en un comunicado.

Para los ecologistas, la propuesta de sanción es insuficiente. Según Carlos Bravo, de Greenpeace, lo peor no es tanto el importe de las multas sugeridas como que el CSN vuelve a "minimizar" la trascendencia de la fuga radiactiva. Otro tanto opinan Ecologistas en Acción, que lamentaron que el CSN no haya agotado la penalización hasta los 30 millones de euros, el máximo permitido por la ley.