Un expurgo de seis meses

No podía ser de otra forma. El mayor expurgo judicial de la historia de España -así lo calificó el conseller de Justicia, Fernando de Rosa- con la destrucción de dos millones de expedientes judiciales del Archivo Provincial, no será una tarea rápida. Pero sí sencilla, tan fácil como introducir los documentos en una máquina. Visto y no visto.

Una empresa de reciclaje de Náquera se encargará de este trabajo. Se trata de la misma compañía que destruye y reutiliza el papel de la Ciudad de la Justicia de Valencia. "Y además lo hará gratis", presume Adolfo Sanz, secretario de la Junta de Expurgo, organismo que ha clasificado y reordenado todo el material que ahora se debe destruir.

El proceso a seguir ya está preparado. La empresa enviará un contenedor a las dependencias donde se acumulan los documentos. "Tiene capacidad para unas 3.000 cajas", precisa Sanz.

Los cálculos que manejan los responsables prevén que con el personal actual -si no se refuerza el servicio- se tarde una semana en llenarlo. "Hay que coger los expedientes, desplazarnos por el centro, subirnos a las escaleras, depositarlos dentro...", se justifica.

Así pues, una semana por contenedor. Lo que equivale a 3.000 cajas por expediente cada siete días. El plazo de unos seis meses para terminar con toda la documentación se obtiene al dividir el número de cajas -75.000- entre las que se destruirán cada semana -3.000-. En resumen, algo más de 23 semanas.

Acompañar el contenedor

Cada vez que el contenedor parta en dirección a la empresa de Náquera, el secretario de la Junta se desplazará a la planta. Su misión será comprobar que realmente toda la documentación queda totalmente destruida y es imposible tener acceso a ella. "Sacaré fotos de cuando tiren el papel del camión a la máquina, de cuando pase por la cinta y, posteriormente, de cuando quede destruido". Esta información se recopilará después en un cedé.

La destrucción de los expedientes no comenzará hasta después de la primera quincena de octubre, cuando finaliza el plazo de presentación de instancias para reclamar cualquier documento.

Sólo el País Vasco y Cantabria han puesto en marcha una iniciativa similar, según los datos que maneja Sanz. En la Comunitat, la cantidad de expedientes que se destruirán es ingente. El objetivo de esta medida es descongestionar las dependencias judiciales, hoy por hoy, desbordadas por la cantidad de documentos en papel.

Todo el proceso supondrá que más de 215 toneladas de papel y cartón sean recicladas. El transporte corre a cargo de la empresa de Náquera que no cobra por el servicio pero, a cambio, se queda con los beneficios de la venta del papel.

Desde que se creó la Junta de Expurgo, se han realizado dos destrucciones y clasificaciones de material en las que se han eliminado ya un total de 156.967 expedientes. Otros 226.339 fueron remitidos al Archivo del Reino, al Archivo de la Generalitat o al Archivo de la Ciudad de la Justicia.

De este nuevo expurgo se salvarán los expedientes relativos a la antigua Ley de Vagos y Maleantes, así como la documentación de la riada de 1957 o la pantanada de Tous.

arallo@lasprovincias.es