Los profesores desafían al Consell con una huelga si abre expedientes por Ciudadanía

La enseñanza valenciana se paralizará en el momento en que la Conselleria de Educación abra un expediente a un profesor por no impartir Ciudadanía en inglés.

Este fue el contundente mensaje que se dejó claro ayer en la asamblea que los sindicatos CC. OO., UGT y STE llevaron a cabo en el Instituto Luis Vives de Valencia. La convocatoria tuvo una masiva respuesta ya que contó con la asistencia de más de 300 profesores, mayoritariamente de Secundaria, aunque también a los de Primaria les inquieta la situación, que les llegará el curso próximo cuando se empiece a impartir la materia a los alumnos de quinto de este nivel educativo.

Además de la advertencia de llevar a cabo una huelga, en caso de que se inicie algún expediente contra algún profesor, los representantes sindicales pidieron a los asistentes, más de 700 entre las tres provincias, que no "acepten ningún interrogatorio de la inspección" y que, para ello, cuentan con el respaldo jurídico de las organizaciones sindicales.

Los presentes en la asamblea acordaron una serie de protestas "contra la política educativa del Gobierno de Camps", en general, y contra el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y la secretaria autonómica, Concha Gómez, en particular, por "el caos" al que han sometido la enseñanza pública.

Aunque en la reunión se abordó la necesidad de reivindicar el cumplimiento de los acuerdos retributivos, la dotación de profesor de inglés para Infantil, la creación de unidades escolares de esta etapa educativa, entre otras cuestiones, lo que se puso de relieve fue la enorme preocupación que ha generado en los institutos y en los propios docentes que tienen que impartir la materia el desarrollo de la orden del Consell sobre Ciudadanía.

Preguntas como qué hacer si los inspectores quieren entrar en el aula, o cómo defenderse para dar la asignatura en valenciano o en castellano, fueron algunas de las cuestiones planteadas durante el debate.

Tampoco faltaron sugerencias como la de acudir a protestar a los actos públicos a los que asista el conseller o la de "dirigirse a la Fiscalía General del Estado para denunciar el incumplimiento de la LOE por parte del Gobierno de Camps".

Otras propuestas fueron llevar a cabo encierros en los centros, hacer una carpa itinerante para informar a los ciudadanos o junto con las asociaciones de vecinos para iniciar acciones en los distritos.

Todo un movimiento "para crear conciencia social sobre la situación que vive la enseñanza valenciana", porque, en opinión de algunos representantes sindicales, "el PP está construyendo un modelo de sociedad a través del control durante 13 años del sistema educativo".

Una vez más, se volvió a reclamar la retirada de la orden de Ciudadanía y que deje de actuar la inspección porque al final, "lo que se está logrando, tal vez lo que se pretende, es el deterioro de la escuela pública", pusieron de manifiesto algunos profesores.

Mientras, Escola Valenciana, una entidad que reúne a una veintena de asociaciones comarcales de padres, profesores, alumnos, sindicatos..., denunció ayer que el Consell invierte 6.000 euros por año y centro educativo para poder pagar a los traductores que impartirán en inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía, lo que significa un montante de alrededor de cinco millones de euros al año en toda la Comunitat Valenciana.

La organización afirmó que emprenderán movilizaciones contra la decisión de la Generalitat este mismo mes en las que participarán maestros, profesores y alumnos integrantes de esta agrupación.

Escola Valenciana aseguró que ha remitido un documento al titular de Educación en el que muestra su respaldo a un instituto de Educación Secundaria de Altea, puesto que este centro ha recibido "amenazas" de los inspectores que dependen de la Generalitat "por negarse a seguir el juego de confrontación política".

Defensa de los concertados

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza aseguró "no entender" la advertencia del conseller Font de Mora sobre la hipotética retirada del concierto educativo a los colegios que no cumplan la orden autonómica sobre la asignatura. En estos centros se respeta la norma "escrupulosamente", afirmaron. Retirar el concierto supondría "perjudicar a los profesionales y privar de la libertad de enseñanza a padres y alumnos", dijeron.

"Los centros privados cumplen escrupulosamente la orden de impartir en inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía y todas las órdenes que la Conselleria exige", recalcaron.

"Desde el primer momento los centros privados han adaptado la orden en cuanto a contenidos, aulas, profesorado y horario", afirmaron.

"El único problema que plantea la asignatura", según la Federación de Sindicatos ,"es la competencia lingüística de los alumnos".