Prisión para dos catedráticos de la Politécnica por un delito contra la Hacienda Pública

El juzgado de lo penal número 4 de Valencia ha condenado a dos catedráticos de la Universidad Politécnica de Valencia --uno de ellos ya jubilado y sin vinculación con la institución-- a una pena de un año y seis meses de prisión y al pago de una multa de 500.000 euros por un delito contra la Hacienda Pública al haber creado una empresa "con el único fin de eludir el pago de una parte importante" de los beneficios obtenidos por la cesión de unos terrenos en el término de Crevillent a una firma petrolera.

El fallo, que condena a los dos catedráticos y a otros tres de sus socios, considera que los implicados planearon una "trama de ingeniería financiera, por cierto muy bien orquestada, con el fin de evitar el pago de unos altos tributos provenientes de unos cuantiosos beneficios obtenidos".

Según se relata en la sentencia, cinco de los socios que formaban parte de la empresa Servicios Caminos Castilla SL (SCC), dedicada a la compra-venta de terrenos para la construcción y explotación de estaciones de servicio y domiciliada en Valencia , concertó en 1995 la cesión de unos terrenos junto a la Autovía A-7 a su paso por Crevillent para la construcción de una estación de servicio por un importe de unos 2,7 millones de euros.

Seguidamente, "y con la finalidad de eludir el pago de una parte importante de los beneficios obtenidos", los socios, "ya fuera por sí mismos o por asesoramiento de terceras personas, idearon un plan consistente en la utilización de una sociedad denominada Creinvest SL, a cargo de la cual se hiciera recaer la mayor parte de la titularidad de las acciones con el fin de aparentar en la fecha del devengo del impuesto correspondiente un obligado tributario distinto a los verdaderos beneficiarios".

Los ingresos obtenidos se repartieron distintas cantidades de acuerdo con su porcentaje de participación y que oscilaban entre los 390.000 y los 527.000 euros.

Posteriormente, constituyeron la sociedad Creinvest poniendo al frente de la misma como administradores solidarios y únicos socios a dos vecinos de Higueruelas Casillas de Marín de Abajo (Albacete) --conocidos durante el proceso como 'los pastores'--, "sin capacidad de decisión alguna, domiciliándola en el despacho de una asesoría de Bilbao con la finalidad de ocultar su control tributario por el distinto régimen fiscal" del País Vasco.

Asimismo, hicieron una ampliación de capital por la que el 90 por ciento de las acciones recaía en Creinvest. De este modo, SCC presentó declaración de impuesto de sociedades del ejercicio 1995 como sociedad de mera tenencia de bienes, imputando su base imponible de 380 millones de pesetas a sus socios a fecha de dicho ejercicio, esto es el 90 por ciento a la entidad Creinvest y tan solo el 10 por ciento a los socios iniciales, que habían cobrado el dividendo.

Finalmente, "y puestos de común acuerdo los acusados y actuando como verdaderos administradores", en 1996 hicieron que la sociedad Creinvest vendiera sus acciones de SCC a otras dos sociedades participadas por ellos mismos, con porcentajes de participación equivalentes recuperando así el capital desembolsado para la creación de la sociedad interpuesta, que fue disuelta en 1997.

Tras conocer la sentencia, el rector de la Universidad Politécnica de Valencia , Juan Juliá, lamentó hoy lo sucedido, ya que "este comportamiento se aleja muy mucho de los valores universitarios".

El máximo responsable de la UPV incidió en que, "si bien se trata de un lamentable suceso, es de carácter puntual puesto que pertenece al ámbito de la vida privada de dichas personas derivada de su actividad empresarial, y por tanto completamente ajeno a su actividad académica en esta institución".