El juez deja en libertad con cargos al secretario municipal, los dos constructores y el ingeniero

La jornada en el Palacio de Justicia de la localidad de Orihuela no fue sólo larga y dilatada para el regidor bigastrense José Joaquín Moya. Desde primera hora la actividad en el entorno de la Plaza Santa Lucía, donde se ubica la sede de los juzgados oriolanos, era tremenda. Coches de Policía Nacional y Guardia Civil, y medios de comunicación esperaban la puesta a disposición del primer edil bigastrense y del resto de los implicados, que llegaron todos juntos procedentes de las dependencias de la Comandancia Provincial de Alicante. El primero en comparecer ante la titular del Juzgado Número 5 fue el secretario e interventor municipal, Antonio Saseta, también detenido el pasado martes por la mañana junto con el primer edil de la localidad. La declaración del alto funcionario municipal bigastrense se prolongó hasta bien entrado el mediodía. En concreto, Saseta abandonó la sede judicial alrededor de las 13.30 horas, a toda prisa y casi empujado por su letrado mientras pasaba por una nube de cámaras y micrófonos. En un principio estaba previsto la salida de éste por la calle Bellot, trasera a las dependencias judiciales de la ciudad de Orihuela, pero al final lo hizo por la entrada principal. El secretario no hizo ninguna declaración pero su rostro reflejaba el cansancio de los tres días de detención hasta su puesta en libertad provisional con cargos. A toda prisa y ante la insistencia de los medios de comunicación abandonó la calle en un potente vehículo. Según fuentes de la investigación, el fedatario público bigatrense queda en la obligación de personarse en el juzgado una vez al mes. Asimismo su letrado confirmó que Saseta no está inhabilitado para ejercer sus funciones y podrá ejercer de secretario-interventor en el Ayuntamiento bigastrense durante el tiempo que duren las investigaciones. Empresario detenido Poco después hacía su aparición en la sede de los juzgados oriolanos uno de los empresarios de la construcción también detenidos. José Pérez, un veterano hombre de negocios también de Bigastro, como el alcalde Moya, hacía lo propio que el primer edil de su localidad. Salió a pie por la puerta principal y enseguida fue escoltado por familiares. Los nervios afloraron entre sus acompañantes mientras Pérez, también en libertad provisional con cargos, al igual que el secretario e interventor municipal de Bigastro Saseta, casi no podía articular palabra. Tan sólo un escueto y lacónico "yo no he hecho nada y soy inocente" fue su declaración ante la multitud de periodistas que esperaba sus declaraciones a la salida del Palacio de Justicia de la localidad, justo antes de que personas de su entorno familiar le tapasen la cabeza con una chaqueta para evitar que su cara fuera reconocida como presunto delincuente urbanístico. A toda prisa en dirección hacia un todoterreno aparcado en la puerta y con repetidos intentos de agresión hacia un cámara de televisión que se interponía en su camino, pusieron fin a su estancia en la sede judicial. Acusado por las naves Media hora después hacía su aparición Manuel Nortes, el segundo de los constructores imputados en el caso de presunto delito urbanístico y comprador de las naves construidas por el primero -su predecesor en el paso por los juzgados oriolanos, José Pérez - en el terreno destinado a zona verde en el polígono industrial y luego desafectado en el planeamiento urbanístico. El constructor bigastrense Manuel Nortes también salió por su propio pie del Palacio de Justicia de Orihuela y sin hacer declaraciones. En su caso, también salió de declarar ante el juez con cargos y con la obligación de pisar los juzgados una vez al mes. Las partes se tomaron un receso para comer y la toma de declaraciones se reanudó a las 16.00 horas. El último en hacerlo fue el ingeniero industrial que visó el proyecto de construcción de las estructuras industriales, el pinatareño Miguel Carbajal. Este último quedó en la misma circunstancia poco antes de las cinco de la tarde, libertad provisional con cargos.