Las detenciones de alcaldes ponen bajo sospecha el urbanismo de la Comunitat

En una misma semana se han producido las detenciones de los alcaldes de Zarra, Juan José Rubio, San Fulgencio, Trinidad Jiménez, y Bigastro, José Joaquín Moya. Los dos primeros fueron puestos en libertad, pero el tercero ingresó en prisión sin fianza. Además, la ex primera autoridad de Dénia, Paqui Viciano, ha sido citada a declarar por el juez por la presunta venta de un camino catastral. En la práctica totalidad de los casos se trata de presuntos delitos urbanísticos, una actividad en tela de juicio. ¿Son hechos aislados? ¿La justicia aprieta más? En ambos casos la respuesta es no, ni se trata de casos puntuales ni los estamentos judiciales son más duros, están igual que antes. Además, en los últimos años han salido varios casos de corrupción, algunos de los cuales han acabado con los huesos de los alcaldes en prisión tras sentencias firmes de los tribunales. Bigastro, Zarra y San Fulgencio son solamente la punta de un iceberg con una base sólida. Xeresa, Dénia, Poble Nou de Benitatxell, Pego, Orihuela, Catral y Torrevieja, entre otros, conforman los cimientos del gigantesco bloque de hielo que se derrite después de varias condenas. Este es el caso del que fuera alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà. Un tribunal le condenó a un año de prisión, ocho de inhabilitación especial para ejercer cargo público, otros dos para profesión y oficio, y multas que sumaban los 460.000 euros por un delito medioambiental al permitir poner tierra en el marjal. La Audiencia Provincial de Valencia, en julio de 2002, exculpó al alcalde de los cargos, pero el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el grupo ecologista IDEA, recurrieron el fallo. El Tribunal Supremo dio la razón a la acusación, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial, y condenó al alcalde por un delito contra el medio ambiente y prevaricación medio-ambiental. Fluixà recurrió en 2003 ante el Constitucional y pidió el indulto a Interior argumentando que no tenia intención de perjudicar el medio ambiente y que los daños tuvieron lugar antes de que él fuera alcalde, pero no había remedio. Fluixà dimitió en 2005 en cumplimiento de la sentencia del Supremo que le condena a tres años y medio de inhabilitación para el ejercicio de puesto público por un delito de "prevaricación", que se sumaba al malestar creado por el anterior delito medioambiental. Otro caso ya juzgado es el del ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, que hoy sigue en la prisión de Fontcalent cumpliendo una condena de seis años de cárcel por un delito ecológico en el marjal de Pego-Oliva, donde causó daños y ordenó trabajos sin los permisos pertinentes. Fue denunciado por la Conselleria de Medio Ambiente, aunque su mujer, Mayte Ferrándiz, fue avalada por el popular José Joaquín Ripoll para encabezar la lista del PP en las elecciones municipales de 2007. Ahora es líder de la oposición al tripartito del municipio. El alcalde de Benitatxell, el independiente Juan Cardona, fue detenido el pasado mes de julio junto a la primera teniente de alcalde, Hannelore Reindorf, por la recalificación de unos terrenos. Se le acusó de un presunto delito de prevaricación y cohecho, aunque ambos están libres con la obligación de personarse cada 15 días en los juzgados de Dénia. El caso empezó cuando un constructor que quería vender sus parcelas supo que estas ya no eran urbanizables. En una supuesta negociación con un intermediario, se le prometió que en sus terrenos podría volver a construirse a cambio de 50.000 euros. Las detenciones fueron inmediatas, aunque ambos ediles fueron puestos en libertad y siguen en activo. Orihuela, donde el ex alcalde Luis Fernando Cartagena fue condenado a cuatro años de prisión por un delito de malversación de fondos; y Torrevieja, cuya primera autoridad Pablo Hernández Mateo está siendo investigado por la presunta venta de un solar que le reportó 5,2 millones de euros. Y en medio de todas estas investigaciones, condenas y multas, en octubre de 2006 se produjo un hecho histórico debido a otro escándalo urbanístico, esta vez en Catral. Por primera vez el Consell retiró las competencias en este ámbito a un Ayuntamiento, siendo el segundo caso en toda España después de Marbella. Territorio acusó al alcalde, José Manuel Rodríguez (PSPV), de autorizar la construcción de 1.270 viviendas ilegales sobre suelo no urbanizable y terrenos del parque natural del Hondo. Posteriormente la actuación quedó paralizada. Poco después, en febrero de 2007, la Conselleria pidió información urbanística a Moncofa también para decidir si le retiraba las competencias en la materia. El listado es amplio y la justicia está decidida a atajarlos todos, el final de la cuerda aún no ha llegado.