La Dependencia desborda al Síndic

Algo falla en la aplicación de la ley de Dependencia si se tiene en cuenta que la mitad de las quejas presentadas ante el Síndic de Greuges en lo que va de año hacen referencia a la aplicación de la normativa, en vigor desde abril de 2007. Según los datos facilitados por la institución que vela por garantizar los derechos de los ciudadanos, hasta el pasado mes de noviembre se contabilizaron 1.787 reclamaciones relacionadas con la ley. En la inmensa mayoría de los casos estaban relacionadas con la demora en la valoración que realiza la Conselleria de Bienestar Social y con la tramitación de los expedientes de las personas interesadas, sobre todo, respecto al llamado silencio administrativo. En la propia página web del Síndic de Greuges se puede consultar el número de reclamaciones totales, que ascienden a 3.665 a falta de un mes para que termine el año. De todas las quejas, que van desde aspectos sociosanitarios hasta urbanísticos, el 48,7% se deben a fallos en la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. No es el único indicador del descontento que ha causado su aplicación en la Comunitat. Según la estadística que el Síndic pone a disposición de los ciudadanos, este año ya se ha batido el récord de reclamaciones desde 1999, pues nunca se había superado la cifra de 3.000 quejas. Hasta ahora, el número máximo lo ostentaba el año 2001, cuando a finales de ejercicio se contabilizaron 2.368 reclamaciones para que el Síndic iniciara una investigación. Además, se duplica el número de peticiones respecto a 2007, donde empezaron a presentarse instancias relacionadas con la normativa. Entonces, el total anual ascendió a 1.855. La página web también ofrece las recomendaciones de la institución tras una queja, que son remitidas a la Administración correspondiente para que actúe en consecuencia. La principal reclamación está relacionada con el retraso en la valoración y la resolución de los expedientes de la persona interesada. Para poder entrar en el sistema de ayudas -que van desde una plaza en una residencia hasta un servicio de atención domiciliaria, pasando por una dotación económica-, a la persona que presenta la solicitud se le realiza una valoración, con el objetivo de baremar el grado de discapacidad que sufre. Este punto es extremadamente importante, ya que en función de la puntuación que obtenga se determinará su nivel de dependencia y por extensión el año en que podrá recibir las ayudas. Hay que tener en cuenta que la ley se aplica de forma progresiva. Es decir, en 2007 y 2008 se empezó con los grandes dependientes y los severos, para continuar en los próximos años con los moderados. La previsión es que todos los dependientes de España hayan entrado en sistema en 2014. El Síndic recuerda a la Conselleria que tiene un plazo de seis meses para resolver las solicitudes y determinar el grado de dependencia. En una de las últimas resoluciones el Síndic destaca que se ha señalado "con reiteración extrema" la necesidad de responder en tiempo y forma. El mismo documento concluye: "Esta institución efectúa, nuevamente, la recomendación de que deben extremarse las medidas tendentes a evitar dilaciones en este tipo de procedimientos y resolverse en el menor tiempo posible y, en todo caso, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud". Más críticas Otra de las críticas hace referencia a la forma en que se resuelven los expedientes de aquellas personas que, en función de la documentación presentada, no entrarán hasta los próximos años en el sistema de ayudas. Desde Conselleria se les envía una notificación asegurándoles que se pondrán en contacto con el beneficiario meses antes de que llegue el año en que, presumiblemente, podrán beneficiarse del sistema. A juicio del Síndic es necesario que estos expedientes se resuelvan dentro del tiempo previsto por la propia ley. Hay una frase que se repite en varias resoluciones. "El expediente debe tramitarse en todas sus fases y en los plazos previstos, y si al final resulta que el interesado no es acreedor de prestaciones en este momento, declararlo así y concederlas cuando corresponda". Además emplea un concepto llamativo, al decir que la petición no se puede dejar en una "vía muerta". Una de las principales críticas del colectivo de discapacitados es que se modifiquen los criterios de valoración ante las numerosas quejas. De hecho, desde el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad se han repartido "miles" de modelos entre Ayuntamientos y trabajadores sociales para que los afectados presenten recursos ante los dictámenes de la Conselleria.