Una empresa de agua de la Canyada cierra y amenaza con cortar el suministro

La amenaza de quedarse sin agua pende sobre 151 familias de la Canyada. La empresa suministradora del servicio, Aguas Potables La Cañada S.L., no puede hacer frente a su situación económica ya que se encuentra descapitalizada por lo que ha avisado a los abonados de que cesa su actividad a partir del próximo 1 de enero después de 75 años prestándolo. Tal y como afirma en la misiva que dirigió a sus clientes, "la directora general de Comercio y Consumo de la Conselleria de Industria desestimó la actualización de tarifas de esta compañía suministradora, previos los informes desfavorables del Ayuntamiento de Paterna, del Gabinete Técnico de Precios y de la Comisión de Precios de la Generalitat". Aguas Potables La Cañada da la razón a la Administración al considerar que "no se trata de revisar una tarifa, sino de acometer cambios estructurales del servicio mediante fuertes inversiones, que resultan inviables, dado lo reducido del mismo (151 abonados) y la descapitalización progresiva en que se ha visto sumida esta compañía". De esta forma, con su tarifa de 2,02 euros por metro cúbico no puede competir con la Cooperativa El Plantío, que la ofrece a 0,37, ni con Aguas de Valencia, a 0,60, por lo que para la empresa "deviene económicamente inviable" y decide disolverse. Para debatir el tema, una treintena de afectados se reunieron anoche con la concejala Inma Contelles, que garantizó que ningún vecino se quedaría sin abastecimiento. "Nadie les va a cortar el agua, estamos elaborando un decreto para seguir manteniéndola hasta que tengan una alternativa", señaló. En cuanto a los aspectos jurídicos del asunto, Contelles dijo que, de momento, no podía entrar a valorarlos. Lo que sí anunció fue el estudio de un mapa sobre la distribución de cada red para aconsejar la idónea para cada casa, según la distancia hasta la misma. Los asistentes mostraron un fuerte malestar ya que la alternativa pasa, en principio y salvo que el Ayuntamiento ofrezca otra cosa, por pagar la acometida con la nueva suministradora, lo que puede suponer una media de 1.300 euros por familia. "¡Alternativa es pagar!", se quejaba un vecino. Este precio llegaría a mucho más en los casos en que haya que cambiar las tuberías de la casa ya que con el nuevo proveedor habría una presión que las actuales no resistirían. Era el caso de Julita Bayón, una de las afectadas. Ante este temor, los vecinos reclamaban al Ayuntamiento un precio simbólico de las cometidas, unos 100 euros, o incluso la gratuidad. Salvador Vicent señalaba que "el último responsable del suministro de agua y de asegurarlo es el Ayuntamiento. Si no lo garantiza denunciaremos el caso en el Prop ya que según la Ley de Aguas es de su competencia". "Derecho constitucional" Un asistente criticaba que "unilateralmente se rompe el contrato y se corta el suministro, se está violando un derecho constitucional y autonómico y no podemos consentirlo. Tendremos que montar una plataforma reivindicativa". Una vecina pedía a la concejala "una solución colectiva, porque el problema es colectivo" y apuntaba que "si el Ayuntamiento es responsable de que yo reciba el agua, ustedes no tienen que permitir que dejen de hacerlo".