Zapatero pidió el visto bueno de Montilla al fondo que beneficia a regiones como la Comunitat

José Luis Rodríguez Zapatero no abrió la ronda de negociaciones sobre financiación con José Montilla por casualidad. El jefe del Ejecutivo quería obtener su visto bueno a la creación del hasta ahora inexistente tercer fondo de convergencia antes de planteárselo al resto de presidentes regionales. Este nuevo elemento del sistema de financiación premiará a las comunidades que realizan un mayor esfuerzo fiscal pero también distribuirá recursos extra entre las autonomías más pobres. Entre las primeras se encuentra la valenciana, que es una de las que más recursos aportan a las arcas del Estado y, sin embargo, lo que recibe del Gobierno no se corresponde ni con su peso sobre el producto interior bruto nacional (PIB), ni mucho menos con su población real, desfase que también está en proceso de equilibrio. Fuentes de la negociación conceden una enorme trascendencia a la cita que el pasado 20 de diciembre tuvo lugar en La Moncloa y afirman que supuso un "antes y un después" en la definición de un modelo con vocación de permanencia que regirá para quince territorios. La crítica de que el encuentro con el presidente de la 'Generalitat' -y a renglón seguido con otros seis jefes de gobierno autonómicos- no fue más que un "teatrillo" para salvar los muebles por el incumplimiento del plazo comprometido para la obtención de un nuevo sistema es rápidamente desmentida por las citadas fuentes. A pesar de que tanto el vicepresidente económico, Pedro Solbes, como el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, han asegurado que para llegar a este punto se celebraron cerca de setenta reuniones con las distintas comunidades autónomas, en el Ejecutivo aseguran que sin la visita a Madrid de la delegación de la Generalitat habría sido difícil presentar el borrador, aún sin cifra y deliberadamente vago, con el que el tándem Solbes-Ocaña despidió el año. En la reunión, en la que también participaron el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, y su número dos, Martí Carnicer, no sólo se logró el sí de la 'Generalitat' a los fondos de convergencia autonómica. También se buscó su aprobación a la inclusión de nuevos criterios de reparto distintos del mero número de habitantes sin cuyo cómputo sería muy difícil lograr el apoyo de los territorios menos desarrollados como Extremadura o Asturias, con menor población pero más envejecida y más dispersa. "Nosotros -admiten en el Ejecutivo- necesitábamos que esos elementos de ponderación estuvieran ahí para que se sumaran otras comunidades autónomas". "Muy pensadas" Las fuentes consultadas sostienen, aun así, que también fue clave la entrevista inmediatamente posterior entre Zapatero y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. Al también presidente del PSOE se le pidió igualmente su opinión sobre los nuevos fondos que complementan a los ya existentes, aunque rediseñados, fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales (que debe garantizar que todos los ciudadanos reciben el mismo nivel de prestaciones en educación, sanidad y servicios sociales independientemente de dónde residan) y fondo de suficiencia (que financia el resto de competencias transferidas y asegura que ningún territorio obtiene menos de lo que tiene hoy). Su aceptación fue, según el Gobierno, "importante" para seguir adelante. El siguiente paso fue convocar a Esperanza Aguirre. A esas alturas el Partido Popular ya se había lanzado a deslegitimar un acuerdo pergeñado entre Zapatero y los dos principales barones socialistas. Por eso el entusiasmo de la presidenta de la comunidad de Madrid, el lunes 22, y la ausencia de pegas por parte del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el miércoles de esa misma semana, vinieron muy bien al Gobierno para neutralizar a la oposición y que las conversaciones mantenidas durante seis largos meses con todos los gobiernos "cogieran impulso". No todos los presidentes autonómicos fueron llamados a La Moncloa antes de que el Ejecutivo hiciera pública su propuesta y todo tiene su razón de ser. Se trataba de desactivar a los más conflictivos. "Fue muy pensado por qué se recibía a unos y no a otros", admiten fuentes gubernamentales. El extremeño, Guillermo Fernández Vara, y el asturiano, Vicente Álvarez Areces, fueron los quintos en lograr audiencia. Al Ejecutivo les preocupaba su opinión porque, precisamente, estas dos comunidades son las que mejor paradas salen con el sistema de 2001 que ahora se modificará y, en consecuencia, eran las menos entusiastas con un cambio que el Gobierno juzga ahora necesario, pero que se aborda fundamentalmente por deseo expreso de Cataluña que siempre se ha quejado de que aporta mucho y a cambio recibe muy poco. El propio Pedro Solbes convino el pasado miércoles en que el 'Estatut' ha ejercido de "palanca" de esta reforma. Y si a Cataluña le interesaba acelerarla -hace cinco meses que se incumplió el plazo fijado en el texto estatutario para la consecución de un nuevo sistema- a Galicia, o mejor dicho a su presidente, le interesaba retrasarla. Fuentes gubernamentales aseguran que Emilio Pérez Touriño habría querido retrasar las negociaciones a mayo o junio para evitar su impacto en la campaña electoral. Zapatero no aceptó, pero a cambio accedió a una prebenda con muy buena venta electoral: el modelo tendrá en cuenta el coste adicional que para las comunidades con lengua propia supone el bilingüismo.