Expertos piden que los 13.000 archivos de la Guerra Civil se queden en Castellón

La Ley de Memoria Histórica vuelve a generar polémica. Esta vez por la exigencia de trasladar 13.000 expedientes sumarísimos pertenecientes al periodo franquista archivados en la biblioteca de la Delegación de Defensa de Castellón al Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca. El traslado estaba previsto para hoy, pero las quejas de investigadores de la UJI, encabezadas por la catedrática Rosa Monlleó motivaron una ronda de contactos, que se inició ayer en la Sudelegación del Gobierno con el fin de posponer el traslado y evitar que parte del patrimonio documental de Castellón abandone la provincia. Igual que en Cataluña La Ley establece que los documentos referidos a la Guerra Civil en dependencias de titularidad pública deben integrar el archivo de Salamanca, mientras que el lugar de procedencia conservará una copia digitalizada. En este sentido, Monlleó hace referencia a los expediente de Cataluña y pide que "se trate a todos por igual" y Castellón pueda custodiar los originales. Otra de las quejas de los historiadores es el repentino aviso, por el que desde hace dos días se restringe el acceso a los documentos ante el traslado. La catedrática de la Jaume I continúa hoy con los encuentros para paralizar el proceso. Así, se pondrá en contacto con "el juez militar Togado en Valencia, el rector de la UJI, Francisco Toledo, y si es necesario con el Ministerio de Defensa". La propuesta de Monlleó pasa por que "venga a Castellón y un equipo para digitalizar los documentos" argumentando que "nadie garantiza las copias". Monlleó explicó ayer que "ahora mismo hay diversas investigaciones históricas y tesis doctorales en marcha que se pueden ver paralizadas". Son 30 los investigadores que ven estancados sus trabajos ante "el inminente traslado". Además, lamentó la historiadora, "dificultará mucho la tarea de los estudiosos de este periodo histórico". Desde el Ayuntamiento, el concejal de Cultura, Miguel Ángel Mulet, tildó el traslado de "atentado contra el patrimonio histórico de la ciudad". Por esta razón, el edil anunció que el Consistorio "no se quedará quieto". Las medidas adoptadas empezarán por una moción en el pleno, para "exigir que el Gobierno clarifique la decisión", además de ponerse en contacto con los investigadores para que los expedientes permanezcan en la ciudad.