El PSOE se alía ahora con el PP para defender el urbanismo valenciano ante la Unión Europea

El PSOE ha dado un giro de 180 grados en su política urbanística y ha pasado en cuatro años de cuestionar el respeto de la propiedad privada en la Comunitat y de pedir una moratoria a todo lo contrario. Así se pudo ver ayer en Bruselas en el debate del Informe Auken, el segundo que realiza el Parlamento Europeo sobre la cuestión, cuando los socialistas asumieron parte de las tesis del PP. El Informe Fourtou, aprobado en diciembre de 2005, recogía "la necesidad de una moratoria" urbanística en la Comunitat. El PSOE la apoyó al igual que una resolución de la Eurocámara de 2007 que se pronunciaba en términos similares. En ambos documentos se cuestionaba el respeto a la propiedad privada en la Comunitat y de otros derechos fundamentales. El entonces eurodiputado socialista Joan Calabuig llegó a afirmar que el Consell tenía que modificar la Ley Urbanística Valenciana (LUV) para dar "seguridad jurídica" a los propietarios" (junio de 2007). El nuevo informe plantea la necesidad de establecer una moratoria urbanística en la Comunitat, denuncia abusos urbanísticos, cuestiona el respeto al derecho de propiedad y, como consecuencia, reclama que la UE congele los fondos que concede a España hasta que se resuelva el problema. Está previsto que se vote en comisión el 11 de febrero y el pleno lo debatirá en marzo, última reunión de la legislatura. Los socialistas rechazan ahora la moratoria urbanística y piden la eliminación de los párrafos en los que se duda de que en España se respete el derecho de propiedad, tal y como aseguró ayer la eurodiputada socialista Maruja Sornosa a LAS PROVINCIAS. Sornosa fue rotunda. "No permitiremos que se ponga en duda la legalidad del sistema español ni que nuestras leyes no brindan el pleno respeto a los derechos de los ciudadanas y ciudadanos", aseguró. Mientras, el informe Fourtou, aprobado por su partido en 2005, cuestionaba "la protección de los derechos de la propiedad" y pedía una moratoria. La eurodiputada socialista manifestó que su partido pedirá que se elimine del Informe Auken cualquier referencia a una moratoria urbanística, la posible congelación de fondos a España y las alusiones de que se violan derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, Sornosa se mostró partidaria de que el Consell, partidos y agentes sociales consensúen "un acuerdo que vaya hacia un urbanismo sostenible". Los socialistas han modificado su estrategia sobre la política urbanística y reconocen implícitamente, tal y como señalan fuentes de esta formación, que pueden haber mantenido una postura demasiado enérgica en esta materia con el consiguiente coste electoral. Ante ello, el presidente Francisco Camps reclamó a los socialistas que pidan "excusas" por dañar la imagen de la Comunitat, al considerar que su "ataque frontal" al urbanismo ha sido "parte determinante en los problemas del sector de la construcción". El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, se limitó a afirmar que la Comunitat saldrá "airosa" del informe y achacó los problemas de la construcción a la crisis internacional. Los populares anunciaron ayer que presentarán varias enmiendas al texto original por considerarlo "parcial". El PP, por otro lado, denunció que ningún representante del Gobierno acudiera a la comisión de Peticiones para defender que en España se aplica el derecho de propiedad. También mostró su sorpresa el eurodiputado británico Robert Atkins. Sornosa explicó que la ausencia de un representante del Gobierno se debió a que el secretariado de la comisión de Peticiones no había concretado el tema sobre el que se iba a tratar. En cualquier caso, Auken tenía concertada una entrevista con el Ejecutivo a principios de enero, anulada a última hora. El informe fue apoyado por los eurodiputados españoles David Hammerstein (Los Verdes) y Willy Meyer (Izquierda Unida). Margrete Auken recordó ayer que el urbanismo español ha generado más quejas ciudadanas ante la Eurocámara que ningún otro asunto en esta legislatura y recalcó que, por ello, los eurodiputados deben "actuar". La secretaria autonómica de Urbanismo de la Generalitat, María Ángeles Ureña, indicó en Bruselas que en la Comunitat " la legislación urbanística respeta las directivas y que nuestra legislación es conforme al derecho español", indicó. Para Ureña, la denuncia no atañe sólo a la Comunitat sino al Estado y recordó que existen mecanismos para que los ciudadanos denuncien los abusos. También apuntó que el Consell ya ha puesto en marcha un proceso de simplificación de la ley urbanística. La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, insistió ante la comisión en la necesidad de que los planes tengan el informe favorable de la Confederación del Júcar. Reclamó que se hagan públicas las declaraciones de impacto medioambiental en la fase de aprobación provisional de los planes urbanísticos y pidió que se garantice el derecho a obtener la información con antelación. La socialista Sornosa suscribió las afirmaciones de la Síndica y recomendó al Consell que acoja sus peticiones como solución a los problemas urbanísticos de la Comunitat. jsanchis@lasprovincias.es