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A. ESCRIVÁ
Viernes, 30 de enero 2009, 03:23
El Grupo Chova tiene ya sus días contados en la Safor. Tras el primer concurso de acreedores -presentado antes del verano pasado ante una falta de liquidez que le impedía cumplir con sus compromisos económicos y que se saldó con 160 despidos-, las deudas que acumulan lejos de reducirse se han multiplicado, con lo que sus dirigentes se han visto obligados a optar por el cierre del negocio. La empresa acaba de presentar en los juzgados el cese de la actividad, con lo que pretende cerrar sus puertas definitivamente. Y será dentro de poco más o menos un mes, según aseguraron ayer fuentes de UGT del comité de empresa. En esta ocasión son cerca de un centenar los empleados que se verán afectados por la decisión, repartidos en las dos empresas que componen el grupo: Puertas Chova y Carpema. Para ellos, en principio, se mantendrán las mismas condiciones que se establecieron en verano para los primeros despidos: indemnizaciones equivalentes a 25 días por año trabajado, hasta un máximo de 18 años, tal y como establece la normativa. "Teníamos miedo de que las deudas crecieran y eso empeorara nuestras condiciones laborales, pero cuando se presentó la suspensión de pagos llegamos al acuerdo de que en caso de que hubiera más despidos, las prestaciones serían las mismas", explicó ayer uno de los empleados. Desde el sindicato reconocieron que siempre han sido realistas con la situación económica de la mercantil aunque "no esperábamos que el cambio fuera tan inminente. En un mes, estaremos todos en el paro y ahora hay que asegurar las negociaciones. Es el resultado de la continuidad de la mala gestión después de la suspensión de pagos", añadió el trabajador. La explicación de la decisión se encuentra en las millonarias deudas que ha ido acumulando el Grupo Chova. Los interventores judiciales "miran por los acreedores y si la deuda seguía creciendo, se ha forzado el cese de actividad para asegurar el pago y no aumentar las deudas", explicaron fuentes del comité de empresa. En el momento de la presentación del concurso de acreedores, la empresa disponía de más de 30 millones de euros en bienes inmuebles y en derechos de cobro, es decir facturas pendientes de percibir, pero carecía de dinero en efectivo para hacer frente a los 16,5 millones que adeuda. La situación continúa más o menos igual. "Dinero en patrimonio tienen de sobra para hacer efectivas todas las liquidaciones e indemnizaciones. Pero se hará poco a poco para tener una salida ordenada", añadieron esas mismas fuentes. Los despidos se irán haciendo efectivos paulatinamente durante los próximos días hasta que se acaben los últimos contratos mercantiles o pedidos, que como mucho, será en un mes. Y en unas condiciones consideradas como "bastante óptimas" por el sindicato.
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