La Fiscalía investiga una trama de corrupción en Madrid que salpica al Partido Popular

La Fiscalía Anticorrupción cerró ayer la primera fase de la investigación sobre una trama de corrupción urbanística en localidades de Madrid con una redada, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en la que resultaron detenidas cinco personas muy vinculadas al Partido Popular. Fueron allanadas también varias empresas que durante años han sido las encargadas de organizar los actos públicos del principal partido de la oposición. Las pesquisas se centran en dos ayuntamientos próximos a la capital gobernados por el PP: Majadahonda y Boadilla del Monte. Fuentes fiscales desvelaron que la investigación se inició hace casi un año y fue encomendada a un equipo de inspectores de Hacienda y a los expertos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía, bajo la dirección de dos miembros de la Fiscalía Anticorrupción. Los trabajos no han concluido, pero el convencimiento de que el principal sospechoso había sido alertado y podría destruir pruebas llevó a los responsables de la investigación a pedir al juez Garzón que precipitase la redada. El primero de los cinco detenidos fue el empresario Francisco Correa Sánchez, propietario de la empresa Special Events (antes Easy Concept), que durante años ha organizado los actos públicos del PP como congresos, convenciones, campañas electorales... Una filial, Pasadena Viajes, se encargaba de los desplazamientos de los altos cargos del partido. Según fuentes de la investigación, este empresario estaría detrás de una trama de recalificaciones urbanísticas y de concesión de licencias públicas a cambio de comisiones ilegales que salpicarían a los citados municipios madrileños de Majadahonda y Boadilla del Monte. La querella elaborada por la Fiscalía Anticorrupción atribuye a los implicados los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de dinero, delito fiscal, prevaricación y asociación ilícita, aunque el primer golpe a la trama se quedó en el lado empresarial y no alcanzó a ningún funcionario público, según confirmaron fuentes policiales. El juez Garzón, que desató la redada antes de admitir a trámite la querella, decretó el secreto de las actuaciones. Registros policiales La Policía registró la sede de Special Events en Madrid, así como el domicilio particular y el despacho profesional de Correa Sánchez en la localidad gaditana de Sotogrande. Nunca ha sido militante del partido, pero de su vinculación al PP da prueba, además de la estrecha relación comercial con el partido, su vínculo de amistad con el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, que se desmarcó de inmediato de la actuación empresarial del detenido. "Es cierto que fue testigo de mi boda, hace siete años, y que he tenido una relación larga de amistad con él, pero hace ya mucho tiempo que no hemos tenido contacto", afirmó en un comunicado. Junto a Correa Sánchez fue detenida su mujer, Carmen Rodríguez Quiroga, que hasta 2005 fue jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda, el popular Guillermo Quiroga, forzado a dimitir aquel año por su propio partido tras el intento de vender en extrañas circunstancias suelo público municipal por cantidades muy por debajo del precio de mercado. Junto a ellos fue detenido Pablo Crespo Sabaris, director general de la mayoría de las empresas controladas por Correa Sánchez. En el pasado fue hombre de confianza de Xosé Cuiña y llegó a ser secretario de Organización del PP de Galicia y diputado en el Congreso, pero abandonó sus labores políticas cuando se sumergió en el mundo de los negocios. También en Madrid fue detenida una cuarta persona, F. J. G., administradora de Easy Concept. Y el último arrestado en la capital de España fue Álvaro Sánchez, socio de los anteriores en la firma valenciana Orange Market, que ha organizado también actos públicos y privados del PP, además de trabajos como la gestión del pabellón de la Generalitat valenciana en la feria Fitur de los últimos años. Además de los registros en las sedes de las empresas sospechosas, en los domicilios de los detenidos y en sus despachos profesionales en Madrid, Valencia y Sotogrande, agentes de la UDEF acudieron a los municipios de Majadahona y Boadilla del Monte. Al parecer, ninguno de las dos ayuntamientos fue registrado, pero sí se recabó de los responsables de varios negociados los expedientes de las concesiones realizadas a empresas controladas por Correa Sánchez. Fuentes fiscales añadieron que Special Events ha sido intermediaria en recalificaciones urbanísticas sospechosas que están siendo investigadas, y agraciada, bajo esa denominación o la de Easy Concept, con la concesión de contratos de servicios públicos en ambos municipios, como la gestión de la oficina municipal de atención al ciudadano en Boadilla del Monte. Viajes Pasadena es, además, la única agencia que recibe contratos de este ayuntamiento. El alcalde del municipio, Arturo González Panero, convocó a los medios de comunicación a media mañana para negar toda relación con los hechos investigados. "A nosotros nos han pedido una documentación y la hemos entregado encantados", señaló, e insistió en que "aquí ni ha habido detenciones ni registros". Portavoces del Ayuntamiento de Majadahonda señalaron que los policías reclamaron documentación sobre contratos firmados por el anterior alcalde, la mayoría de los cuales fueron rescindidos por el actual equipo de gobierno que encabeza Narciso de Foxá, también del PP. El Ayuntamiento de Majadahonda adjudicó entre 2003 y 2004 contratos por más de un millón de euros a las empresas Special Events y Technology Consulting Management (TCM) que están siendo investigadas por el juez Garzón, según informa Efe. Ambas pertenecían a un entramado de empresas que en ese periodo tenían la sede en Castellana 151 y Serrano 40 y compartían socios y administradores. La asesora del entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (PP), Carmen Rodríguez, figuraba como administradora única de Special Events. Technology Consulting Management y otra empresa del mismo grupo consiguieron la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano, a pesar del informe en contra del secretario municipal. Pese a que la querella fue presentada en la Audiencia Nacional, dada la necesidad de coordinar los registros y detenciones practicados en Madrid, Valencia y Cádiz, el asunto podría en breve ser derivado a un juez ordinario de Madrid.