Miles de chalés de la Comunitat incumplen la normativa europea al verter aún en fosas sépticas

La Comunitat sufre a día de hoy las consecuencias de miles de viviendas que en su día fueron construidas fuera de cualquier tipo de ordenación, sin que ninguna institución obligase a que dispusiesen de los servicios mínimos. Derivada de esta situación el problema con el que se encuentran las instituciones es la falta de alcantarillado en muchas de estas urbanizaciones y casas diseminadas. Esos vecinos vierten sus residuos fecales en fosas sépticas, que en menor o mayor medida tienen filtraciones y causan daños en el medio ambiente. En ocasiones, resultan contaminados acuíferos usados para el consumo humano. La situación contraviene con la directriz que la Unión Europea (UE) dictó hace cerca de 20 años. Según la normativa, las viviendas deben depositar sus desechos en el alcantarillado municipal. En las zonas en las que instalar una condición suponga un gasto excesivo, la UE preveía el tratamiento de las aguas fecales mediante depuradoras individuales. El órgano continental detalló en una normativa el tratamiento que debe darse a las aguas residuales urbanas en los estados miembros de la UE. El texto aprobado por el consejo el 21 de mayo de 1991 era sumamente expeditivo e iba al detalle. Sin embargo, aquella directiva 91/271/CEE dejaba un fleco suelto: los desechos generados por núcleos urbanos de menos de 2.000 habitantes equivalentes. La razón de ser de esta normativa, como precisa en sus primeros párrafos, es la de proteger el aguas y el entorno. El objetivo cuando era que en 2015 los recursos hídricos de los países miembros presentasen una concentración de sustancias contaminantes menor a lo que se recomienda en la propia directiva. Desde ese mínimo hacia una mayor concentración de población, la UE estableció unas fechas tope para la aplicación de la directiva. Esta normativa determina los niveles de contaminación máximos de cualquier tipo de lodo (residenciales e industriales). Dependiendo de determinados criterios de población y situación geográfica, la mayoría de fosas sépticas debían eliminarse entre 2000 y 2005. La directriz europea fue refundida por cada uno de los estados miembros en las respectivas leyes orgánicas. En el caso español, y respecto a los pozos ciegos de zonas de viviendas, se dio algo más de margen, alrededor de un año de moratoria con respecto a lo que había marcado la UE. Ambos textos, sin embargo, dejaron el cabo suelto de las áreas residenciales con menos de 2.000 habitantes. En el Real Decreto 11/1995 viene determinado que las autonomías deben definir las aglomeraciones urbanas, previa consulta con los Ayuntamientos, que están sujetas a esta normativa de tratamiento de residuos. Casas que siguen contaminando Todo este entramado, en la práctica, ha desencadenado en que miles de viviendas estén contaminando impunemente por el simple hecho de no estar en núcleos urbanos con más de 2.000 habitantes. Llíria, por ejemplo, cuenta con alrededor de 9.000 chalés que siguen vertiendo sus residuos en fosas sépticas. Esta localidad sí que regulado al menos sobre el papel la situación de estas viviendas, pero lo ha hecho en una ley de aplicación municipal: su Plan General. El ordenamiento establece que todas las viviendas deben estar conectadas al alcantarillado o contar con una estación depuradora por oxidación. Este documento fijaba un margen de tiempo para acatarlo que expiró en Nochebuena. Ahora existe una ordenanza, pendiente de aprobación en el próximo pleno, que fija sanciones a quienes sigan vertiendo en pozos ciegos. El caso de Llíria no es único en la Comunitat. En la propia del Camp de Túria, en La Pobla de Vallbona hay a dia de hoy unos 2.000 chalés que todavía vierten en fosas sépticas. En Olocau alcanzan al menos el millar, y todo ello los centenares de chalés diseminados que durante el siglo pasado se construyeron sin permiso en localidades como Vilamarxant, Bétera, Náquera o Serra. La plaga de fosas sépticas también se extiende por L'Horta. Parte de una urbanización adyacente a Campo Olivar, en Godella, algunos chalés de Calicanto o varias zonas residenciales de Picassent son algunos de los ejemplos. Masías de Moncada o Mas del Jutge en Torrent, entre muchas otras, conforman un conjunto de más de 5.000 chalés ubicados a cinco minutos de Valencia pero que en pleno siglo XXI siguen vertiendo en pozos ciegos. La urbanización de la Llacuna en Villalonga sigue vertiendo a fosas sépticas y algunos vecinos han asegurado que esto puede producir que se filtren las aguas fecales a los acuíferos. Más graves si cabe son los casos de urbanizaciones en zonas costeras, pues en estos casos la directiva europea sí que es más concreta. El emisario de Canet vierte desde finales de los 80 aguas fecales al mar. El tubo recoge los residuos de las viviendas y de la playa de Almardà, en Sagunto. En Bega de Mar, en Sueca, también hay decenas de viviendas que vierten en fosas sépticas. En la Marjalería de Castellón y algunas localidades de la Plana, como Peñíscola, Benicarló y Alcalà son también miles los inmuebles que siguen vertiendo en pozos ciegos. En Dénia está pendiente la instalación del alcantarillado en la zona del Montgó y Les Rotes, donde hay miles de viviendas sin alcantarillado. El Gobierno pagará parte de la obra para colocar los colectores y el resto se costeará a través de contribuciones especiales de los propietarios y alguna subvención por parte del Ayuntamiento. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente aseguraron que la conexión de todos estos inmuebles a la red de saneamiento es competencia de los Ayuntamientos. La Generalitat costea depuradoras y redes generales. Por ejemplo, en Llíria la Conselleria acaba de autorizar una subvención que ronda el millón de euros para instalar una red de colectores en el entorno del parque de Sant Vicent. Estos tubos se construirán este año y conectarán a siete urbanizaciones al alcantarillado. Desde el Consell indicaron que los vecinos que cuentan con fosas sépticas pueden llevar los residuos a las depuradoras autonómicas de forma gratuita. Las mismas fuentes indicaron que la vigilancia de la calidad de los vertidos es competencia de la Confederación del Júcar.