Una larga serie de denuncias que los jueces acabaron archivando

francisco camps Presidente de la Generalitat "Más que una causa parece un proceso abierto contra todo un partido político" federico trillo Portavoz de Justicia del PP "Garzón está cometiendo errores que pueden provocar la nulidad" RITA BARBERÁ Alcaldesa de Valencia "Se ha querido matar políticamente al presidente de todos los valencianos" El daño ya está hecho. El nombre de Francisco Camps ya ha aparecido relacionado con una investigación judicial. Incluso en el caso de que no apareciera como imputado en el auto, quizá su imagen salga definitivamente dañada. Y en ese caso, el extraño modo en que se ha llevado todo este caso, desde las filtraciones iniciales cuando Baltasar Garzón tomó las primeras medidas, habría que reclamar responsabilidades por el maltrato recibido. Ayer, el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, compareció ante los medios de comunicación, un día después de que el TSJ archivara la causa abierta contra el por el llamado 'caso Mercalicante' en el que se acusaba al dirigente popular de haber tenido alguna responsabilidad en el resultado económico de la sociedad. El de Alperi no es el único, pero sí el último, de la larga lista de causas en las que dirigentes políticos se han visto afectados por actuaciones judiciales convenientemente sacudidas en los medios de comunicación por los partidos de la oposición, y que al final han acabado archivadas. No cabe generalizar, ni condenar a quien denuncia, entre otras razones porque también ha habido condenas importantes que demuestran lo cuestionable de alguna actuación política. Pero en muchos casos se ha infringido un daño político con acusaciones que, al final, se han quedado en nada. Uno de esos casos es el del ex director de Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio. El PSPV detectó toda una serie de gastos realizados con cargo a su tarjeta de crédito de la entidad. Uncio fue zarandeado políticamente durante más de un año -aunque ya había dejado el cargo-, hasta que el fiscal general del Estado consideró, tras recibir la denuncia del TSJ, que no existía base argumental que sustentara la denuncia. Otro de los casos que más polémica levantó durante varios meses fue el que afectó al ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina. Al dirigente popular se le atribuyeron vehículos de lujo prestados por promotores y constructores, y el fiscal solicitó que se investigara una posible relación de éstos con la adjudicación de varios planes urbanísticos por parte del ayuntamiento. En el auto, el juez certificó que no existía indicio alguno de que esos vehículos hubieran sido utilizados a cambio de dádiva o promesa alguna. Pero el daño ya estaba hecho. En Burriana, el juez archivó las diligencias abiertas por presunto delito de prevaricación por el ruido de los chiringuitos en esa localidad contra el entonces alcalde, Alfonso Ferrada. El dirigente popular aún está imputado por otra causa relacionada con la adjudicación de un PAI a un constructor. En Xátiva, el Ayuntamiento recalificó como residenciales los terrenos de la antigua papelera de San Jorge. El PSPV llevó el caso a la fiscalía anticorrupción, al entender que la actuación contradecía el PGOU, y en 2008 el juez archivó la causa al entender que la recalificación sí se ajustaba a la legalidad. En Benavites, el juzgado de instrucción de Sagunto archivó la denuncia del PSOE contra el alcalde, el popular Carlos Gil, por supuesta prevaricación y falsedad en documento público.