De Cartagena a Gürtel por Terra Mítica

José Flors es desde ayer el ponente de la vertiente valenciana del . Apenas unos días antes de conocerse el nombre y apellido del magistrado del Tribunal Superior elegido, los pasillos del Palacio de Justicia fueron escenario de un encuentro casual entre Flors y dos periodistas. "Nos puede tocar a cualquiera", aseguró el veterano magistrado ante las insinuaciones de los redactores de que él estaba bien situado para hacerse con el caso. Y lo cierto es que el azar ha sido el verdadero factor que ha decidido la designación de José Flors como magistrado ponente del auto. O más bien, como señalan desde el Tribunal Superior, "el cumplimiento estricto de las normas de reparto". Es decir, cada caso de aforados que va llegando pasa a uno de los cinco magistrados que integran la sala de lo civil y penal, en orden de menor a mayor antigüedad. Un sistema alejado del vetusto e inicial modo de designación, "una cajita con una bolita", como el propio Flors explicó en su encuentro con los periodistas, recordando el procedimiento que hace décadas regía la concesión de los casos judiciales a cada magistrado. Porque si algo tiene el que desde ayer es el encargado de decidir si el Tribunal Superior es competente o no en la parte valenciana del es una dilatada experiencia. Juez de carrera con varias décadas de ejercicio, Flors Matíes ha pasado desde los juzgados de primer nivel, pasando por la presidencia de la sección quinta de la Audiencia hasta ocupar uno de las cinco butacas de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). No es el magistrado tampoco un togado novato en lo que a asuntos de fuerte carga polític se refiere. Durante tres meses, entre diciembre de 1997 y 1998, el ya integrante de la sala de lo Civil y Penal asumió el llamado caso Cartagena. El entonces conseller de Obras Públicas, como aforado, debía ser investigado por el Tribunal Superior ante la supuesta comisión de un delito fiscal por valor de 42 millones de las antiguas pesetas. A Flors no le tembló el pulso. No lo hizo a la hora de decidir, en sólo una semana, que aceptaba la patata caliente. El Tribunal Superior asumió la causa y, apenas un mes después, el magistrado citó a declarar a Cartagena. Un trimestre después, el conseller presentó su dimisión como encargado de la cartera autonómica de Obras Públicas. El TSJCV se inhibió en la Audiencia Nacional y devolvió a un juzgado central la vertiente valenciana al no haber ya por medio un aforado valenciano. Terra Mítica, la supuesta trama de las facturas falsas, grabaciones, el ex ministro y ex presidente del Consell Eduardo Zaplana... No tenía menos dificultad los componentes de otro de los casos en los que José Flors tuvo que emplearse a fondo como ponente del Tribunal Superior. Fue en noviembre de 2006 cuando la sala de lo civil y penal aceptó una querella interpuesta por Zaplana contra dos diputados socialistas de Les Corts por difundir unas grabaciones en las que implicaba al que también fuera portavoz del PP en el Congreso en el . Sólo un mes después, el TSJCV archivaba la querella de Zaplana al estimar que la conducta de los dos diputados no era constitutiva de delito alguno. Tal vez consciente de la sala en la que se encuentra, Flors es miembro de la asociación Francisco de Vitoria, la segunda en número de miembros dentro de la carrera judicial y a medio camino entre la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura y la más progresista de Jueces para la Democracia. Junto al Foro Judicial Independiente, Francisco de Vitoria fue convocante de la primera huelga en la historia de los jueces que tuvo lugar el mes pasado. El arrojo profesional del ponente valenciano del quedó clara en otro de sus casos. De nuevo a petición de un órgano nacional, en esta ocasión el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia de Valencia lo nombró ponente de una peliaguda causa: la investigación llevada cabo en los años 80 al polémico juez Guillermo Forteza. Condenado por "coacción y vejación injusta a su esposa", Forteza fue investigado tras una serie de redadas masivas en Valencia y por otras actuaciones de cariz arbitrario. Flors remitió un informe al Poder Judicial tras cuatro semanas de investigación en las que tomó declaración a otros jueces, abogados y hasta un periodista. En 1989, el CGPJ declaraba la jubilación forzosa de Forteza por "incapacidad permanente". Pero ni su alta posición profesional ni su dilatada carrera le hacen ser un juez "elevado en su estrado y alejado del ciudadano", como se refirió no hace mucho el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, como crítica a algunos magistrados. Más allá de su labor togada, Flors se mueve cerca del pueblo. Siempre que puede disfruta de una de sus mayores aficiones, el senderismo. Entre las salas de vistas y las puñetas de los magistrados, Flors compagina otra de sus grandes pasiones: la literaria. A ello se entrega como director de la Revista Jurídica Valenciana, una publicación periódica que cumple ya cerca de una década difundiendo artículos de contenido judicial. Y buena prueba de su proximidad a la sociedad valenciana es su condición de presidente del jurado del Premio de Estudios Jurídicos Universitarios de la Fundación Profesor Manuel Broseta. acheca@lasprovincias.es