El Congreso de los Diputados abre la puerta a una reforma profunda del mercado laboral

El Parlamento abrió ayer la puerta a una reforma laboral profunda. Los grupos del Congreso de los Diputados dieron su voto unánime para que el real decreto de medidas en defensa del empleo, aprobado recientemente por el Gobierno, sea tramitado como proyecto de ley. Este procedimiento permitirá introducir enmiendas relacionadas con el mercado de trabajo como el abaratamiento del despido, la reducción de cuotas empresariales, la legalización de las agencias privadas de colocación, la reestructuración de los contratos o la extensión de la actividad de las empresas de trabajo temporal. Todo indica, además, que el amplio debate político iniciado arruinará el diálogo social. La patronal CEOE conseguirá más respaldo desde los bancos de algunos grupos parlamentarios, como por ejemplo de los de CiU (diputados clave para sacar adelante propuestas dada la compleja composición de la Cámara) que en la mesa con el Gobierno y los sindicatos. Los sindicatos CC. OO. y UGT se apresuraron a expresar su malestar por lo ocurrido en el Congreso de los Diputados. Ayer, sus señorías, en primer lugar, dieron el visto bueno a la convalidación del real decreto por 184 votos a favor, procedentes de las filas del PSOE, CiU y BNG, y 162 en contra emitidos por el resto de los diputados, con lo cual "las medidas para el mantenimiento del empleo, la protección de los parados y la mejora de la liquidez de las empresas" continuarán en vigor. El conjunto de estas iniciativas, publicadas en el BOE el 9 de marzo y aplicadas un día después, mejora el tratamiento de los expedientes de regulación de empleo temporales, suprime las cuotas a la Seguridad Social de los empleadores que contraten a parados con prestación e impulsa la contratación a tiempo parcial. Posteriormente, los 346 diputados presentes en la sala dieron el sí a la conversión y tramitación de las medidas como proyecto de ley. El pasado día 24, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, explicó que no tenía sentido transformar el real decreto. Argumentó que se trataba de un paquete de cambios "urgentes y prioritarios con vigencia temporal a revisar el 31 de diciembre" y que esperar entre ocho y 10 meses para que las Cortes votaran su contenido parecía ilógico. Debate de alcance desconocido Más claro fue el diputado socialista, Jesús Membrado, quien reconoció sin tapujos que el procedimiento de proyecto de ley abriría un debate "de alcance desconocido" que crearía conflicto con sindicatos y patronales. El ministro y el diputado intentaron suavizar ayer en los pasillos del Congreso la situación, mientras otros representantes socialistas, visiblemente contrariados, ironizaban sobre "el melón que se acababa de calar". Membrado apuntó que todavía no hay nada que remediar y que, llegado el caso, el PSOE ya buscará los respaldos suficientes para impedir el recorte de derechos de los trabajadores. Sin embargo, los hechos indican que si en este primer paso las negociaciones parlamentarias no tuvieron éxito, poca garantía existe de que el entendimiento prospere en el futuro. El PSOE utilizó todos los recursos políticos a su alcance para intentar convencer a los grupos minoritarios (ERC, IU y Grupo Mixto) en el Congreso de que rechazaran el proyecto de ley. Incluso a primera hora del día, momentos antes de que comenzara la sesión, el ministro Celestino Corbacho mantuvo contactos con los miembros de la oposición y aseguraba desconocer cuál iba a ser la decisión definitiva del PSOE, aunque otras fuentes afirmaron que el ministro de Trabajo tenía asumido la noche anterior que habría proyecto de ley. Los últimos intentos del titular de Trabajo fracasaron. En consecuencia, para no quedarse solos y evitar su primera derrota en el Congreso, los diputados socialistas se sumaron a la tramitación como proyecto. También los representantes del PP, ERC y PNV, que se opusieron a la convalidación, votaron a favor de la tramitación. La reacción de los sindicatos no se hizo esperar. CC OO y UGT valoraron la convalidación y advirtieron de que la tramitación debería tener una orientación "clara para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores". "Esperamos que no haya presiones ajenas a la Cámara y que el diálogo social continúe", dijeron las cúpulas de ambas centrales.