Un monumental litigio que dura 17 años

Los constructores que levantaron en el siglo I el Teatro Romano de Sagunto no podían imaginar el monumental lío político y judicial que siglos después se levantaría en torno a esas piedras. El desencadenante del proceso que aún hoy colea en los tribunales valencianos y nacionales fue la restauración de los restos arqueológicos, decisión que aprobó la Conselleria de Cultura, entonces dirigida por el PSPV. La última palabra, por el momento, la ha puesto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, que el pasado 6 de abril (aunque se dio a conocer el viernes) admitió la imposibilidad legal de revertir las obras realizadas por los arquitectos Grassi y Portaceli. El que sigue es el relato cronológico de los hechos más significativos de casi dos décadas de pleitos. 6 de junio de 1988. La Conselleria de Cultura aprueba el proyecto de restauración del coliseo. Entoces no había ley valenciana de Patrimonio y estaba vigente la nacional, de 1985, que recogía, entre otros aspectos, que se "evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos" y "se respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes". El proyecto se adjudica en 1990 a la empresa Dragados y Construcciones. La primera fase de las obras se concluye en septiembre de 1990. 1990. El abogado Juan Marco Molines pide la paralización de los trabajos, con silencio administrativo por respuesta. La reforma del coliseo continúa hasta 1993. 30 de abril de 1993. El Tribunal Superior valenciano declara ilegal la restauración del teatro basándose en que oculta las originales ruinas romanas. La sentencia la recurren, en junio, ante el Supremo tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Sagunto (PSOE). 14 de diciembre de 1995. Con el PP ya en el Gobierno valenciano, la Generalitat acuerda retirarse del proceso. 11 de junio de 1998. Se publica la ley de patrimonio valenciano. Fue modificada en 2004 y 2007. Sobre el último cambio, el reciente auto del Tribunal Superior entiende que no es una ley que tenga como único fin impedir la ejecución de la sentencia de reversión de las obras, sino una disposición de carácter general que recoge una corriente arquitectónica que tiene más de un siglo. La ley de 2007 recoge: "Podrán autorizarse, siempre que exista alguna pervivencia de elementos originales o conocimiento documental suficiente de lo perdido, las reconstrucciones totales o parciales del bien". 16 de octubre de 2000. El Tribunal Supremo rechaza los recursos planteados en 1993 y confirma la ilegalidad de las obras. 17 de enero de 2001. El Consell solicita al Tribunal Superior un aplazamiento de seis meses para llevar a cabo estudios técnicos sobre la reversión de las obras. Los magistrados lo conceden. 9 de abril de 2002. El Supremo da un mes a la Generalitat para ejecutar el fallo de reversión de las obras. 16 de junio de 2003. Auto de ejecución de sentencia de la justicia valenciana, que establece un plazo de 18 meses para la reversión. El Ayuntamiento de Sagunto lo recurre. 2 de enero de 2008. Definitivo auto del Supremo, contra el que no cabe recurso y en el que ordena retirar el mármol antes de año y medio. Marco Molines exige que el Consell explique cómo ejecutará la sentencia y, en marzo, el Tribunal Superior le da tres meses para presentar un plan. Abril de 2008. Cultura constituye una comisión de expertos para abordar la cuestión. 4 de mayo de 2008. La Generalitat comunica haber iniciado expediente de legalización de las obras. 15 de octubre de 2008. El Consell presenta el incidente de inejecución de la sentencia por imposibilidad legal y material. 6 de abril de 2009. El Tribunal Superior de Justicia reconoce la imposibilidad legal de revertir las obras. El culebrón, lejos de acabar, amenaza con prolongarse. El abogado Marco Molines se mantiene firme en la reversión, y ha anunciado que pedirá la ejecución forzosa en recurso de casación. En frente tiene a la Generalitat, las compañías de teatro y circo o colectivos conservacionistas como el Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí, entre otros, que consideran que la última decisión de los tribunales valencianos debe prevalecer.