Un coche, una hipoteca y calderilla

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, hizo pública ayer su declaración de bienes. El documento recoge que el alcalde de Alaquàs dispone de un piso en propiedad en la ciudad de Valencia, así como un crédito hipotecario de 110.000 euros y otros dos créditos personales (de 50.000 y 11.000 euros). Además, tiene un Wolkswagen Bittle y un plan de pensiones al que aporta 83 euros al mes. En cambio, Alarte posee una cartilla de ahorros con un saldo medio de 600 euros y dos cuentas corrientes, cuyos respectivos saldos medios alcanza los 150 euros. Alarte contestó con la publicación de ese documento a las últimas informaciones que cuestionan tanto su gestión como alcalde de Alaquàs, como la contratación de la empresa propiedad del padre y del hermano del líder de los socialistas valencianos, pese a ser la oferta más cara, por el Ayuntamiento de Alfafar.

Alarte, que se reunió con la junta directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), denunció ser objeto de un "boicot y persecución absoluta", que atribuyó a Francisco Camps, con el objeto de desviar la atención respecto a su implicación en el 'caso Gurtel'. "Los valencianos no nos merecemos a un presidente que responde a momentos de dificultad al más puro estilo de la mafia", proclamó.

Alarte llegó a asegurar que Camps "tiene en la sede del PP una pared llena de fotos y cuadritos con toda mi familia y mi entorno" a los que se está investigando. También censuró que el PP utilice "la debilidad de unos medios de comunicación a los que se extersiona a cambio de divulgar informaciones insidiosas".

El líder socialista invitó a Francisco Camps y a Ricardo Costa a imitarle y a hacer públicos sus bienes. Fuentes del PP valenciano confirmaron ayer que los dos dirigentes populares harán pública hoy su declaración, pero recordaron que todavía esperan la del ministro Rubalcaba, la vicepresidenta De la Vega, Leire Pajín y José Blanco.

Costa exigió además a Alarte que explique los motivos que llevaron al Ayuntamiento de Alfafar a contratar a la empresa de grúas de la familia Alarte "cuando era la oferta más cara y como marca la ley no está capacitada para prestar el servicio".