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Camps, abajo, conversa con Costa durante el pleno de Les Corts de la semana pasada.EFE/K. F.
Politica

El TSJ valenciano rechaza la petición de Camps de anular las actuaciones de Garzón

El tribunal ordena seguir con la investigación de la rama valenciana del 'caso Gürtel'

REDACCIÓN

Martes, 5 de mayo 2009, 10:53

La investigación del llamado caso Gürtel seguirá su curso en lo que afecta al ámbito valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat anunció ayer su rechazo a la petición del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de declarar la nulidad de las actuaciones. La solicitud había paralizado momentáneamente la instrucción de la causa, que se retoma ahora.

El magistrado José Flors, instructor de la causa según el acuerdo de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV del pasado 21 de abril, comunicó ayer a las partes la decisión de desestimar la petición de Camps. El juez entiende que las irregularidades denunciadas como base de esta solicitud "no constituyen una vulneración de los derechos fundamentales a la defensa ni al juez predeterminado por la Ley".

La defensa de los cuatro valencianos afectados por la presunta trama de corrupción (además del jefe del Consell, su número dos en el PP, Ricardo Costa, y los ex altos cargos de la Generalitat Víctor Campos y Rafael Betoret) había solicitado la nulidad de las actuaciones realizadas hasta el momento por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Alegaban que se vulneraba su derecho a la defensa.

En una primera fase, la investigación la orientó el Juzgado de instrucción número 5 de Madrid. A principios de marzo, el magistrado se inhibió de la causa en favor de los Tribunales Superiores de la Comunitat y de Madrid, al haber altos cargos implicados. Sin embargo, Garzón siguió recopilando información y tomando declaración a los imputados (en un primer momento, los empresarios responsables del entramado societario acusado de fraude al fisco) hasta que los órganos judiciales autonómicos asumieron el caso.

Uno de las razones de la petición de nulidad se basa en que, si ahora la investigación está en manos de los TSJ de la Comunitat y de Madrid, se puede concluir entonces que la Audiencia Nacional (en concreto, el juez Garzón) no tenía competencias para realizar esas actuaciones previas, de recopilación de información y declaración de los imputados.

Otro de los argumentos que esgrime la defensa es que la declaración del secreto de sumario por parte del magistrado supuso un grave perjuicio para los afectados, ya que no pudieron acceder a su contenido (del que sólo conocían lo que se difundía a través de los medios de comunicación) mientras se realizaba la instrucción del caso. De hecho, fue el tribunal valenciano el que levantó el secreto de sumario para las partes.

Sin embargo, el magistrado José Flors no cree que haya habido tal vulneración del derecho a la defensa, por lo que las diligencias abiertas por un supuesto delito de cohecho "seguirán su curso". La resolución del instructor puede ser recurrida en apelación ante la sala. No obstante, el TSJCV precisó que este recurso, si se plantea, "no suspende el curso del procedimiento ni la práctica de las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos".

Los cuatro valencianos salpicados por la investigación están acusados por Garzón de haber recibido regalos (en concreto, trajes) de los responsables de las empresas de la trama corrupta. Una de esas firmas, Orange Market, ha trabajado en diversas ocasiones para el Consell y para el PP de la Comunitat en la organización de eventos. Su presidente, Álvaro Pérez, era un asiduo a los actos de los populares.

En el entorno del presidente de la Generalitat, nadie quiso realizar ayer valoración alguna sobre una decisión que podía interpretarse como un varapalo a Camps. El jefe del Consell afirmó la semana pasada que, después de conocer el sumario, estaba en disposición de asegurar que "no hay nada" contra él. Sin embargo, si hay que llegar a esa conclusión, será por la vía larga. Precisamente, el proceso se ha visto prolongado unas semanas por la petición de Camps, pero Flors podría retomar ahora la instrucción con una citación de los afectados.

Instrucción "irregular"

Pero el aval de la justicia valenciana a la labor de Garzón no frenará las críticas del PP al juez de la Audiencia Nacional. La secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, afirmó que estas decisiones "no quieren decir que la instrucción de Garzón no haya sido irregular y no significan que no sea el responsable". "Está claro que la instrucción no fue la adecuada, no es de recibo que las personas investigadas se enteren por los medios de comunicación, todo ha sido un despropósito y eso lo seguimos manteniendo", concluyó.

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