En busca del concejal travieso de Ibi

El cruce de acusaciones y denuncias entre los miembros de la Corporación municipal de Ibi es imparable. Y es que la polémica parece que se ha instalado en este municipio sin muchos visos de desaparecer a corto plazo. El chaparrón le cayó primero al Gobierno municipal del PP, que ahora anuncia emprender acciones legales contra ciertos miembros de la oposición. Lo último, un presunto intento de asalto a la intimidad del teniente de alcalde, Miguel Ángel Agüera, y un robo en la casa de campo de la primera edil, Mayte Parra.

Así lo anunció ayer Agüera, quien explicó que "han intentado acceder tanto a mi cuenta de correo electrónico personal como a la que tengo en Ebay, lo que supone un atentado contra la privacidad de las personas, y tras ponerlo en conocimiento de las autoridades se ha podido localizar la IP y se comprobado que pertenece al domicilio de un concejal de la oposición". El teniente de alcalde ha informado de que estas presuntas acciones se produjeron hace dos semanas, y que "fue en dos ocasiones continuadas, y sé la hora y el día en que se produjeron".

Además, ha querido significar que la casa de campo de la alcaldesa del municipio, Mayte Parra, sufrió un robo hace escasos días, tras realizar un boquete los asaltantes en la valla de la misma.

Agüera ha manifestado que "tenemos pruebas fundadas de que existe algún tipo de relación entre ambos sucesos" y ha destacado que "desde el PP nos encontramos desconcertados y asombrados de que esto este llegando al ámbito personal, es algo que está fuera de lugar e indiscutiblemente es muy preocupante".

Esta noticia salta a la luz tan sólo dos días después de que los populares también hayan anunciado que estudian emprender acciones legales contra la concejala socialista Yolanda Venteo por presuntos hechos delictivos, al haber votado sobre el proyecto de la urbanización de la zona de ocio La Capellanía, siendo la administradora de la consultora urbanística 'Quatre Urbanisme', que trabajó para la promotora de la mencionada actuación.

Cobros ilegales

A través de un comunicado, el PP manifestaba que "entendemos que no sólo jurídicamente es ilegal votar a favor de un cliente del que acabas de cobrar 35.000 euros, tal y como ella misma ha reconocido, sino que ética y moralmente esto es una auténtica vergüenza", además de exigir una explicación "lógica" al portavoz del PSOE, Antonio Martos, antes de pedir su dimisión como "presunto encubridor de una trama urbanística".

Por su parte, los populares no se quedan cortos en cuanto a acusaciones y denuncias planteadas por parte de la oposición. De hecho, durante los últimos meses está viviendo una de las etapas más complicadas desde que entrara a gobernar. Primero fueron las guerras internas entre 'campistas' y 'ripollistas', y después, en plena crisis interna, una mano anónima daba a conocer los presuntos pagos de viajes y servicios a través de fondos públicos. Todo esto se ha traducido en la expulsión y dimisión de dos de sus ediles, Felicidad Peñalver y Ana Sarabia.