La juez pide los antecedentes de Fabra para preparar el juicio por los cuños falsos

La jueza de Nules que instruye la causa de los cuños falsos derivados del llamado ha solicitado los antecedentes del presidente de la Diputación de Castellón y del resto de personas que, según el auto judicial remitido el lunes a las partes, participaron en la supuesta trama de falsificación de licencias de productos fitosanitarios. La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 ordena que se recaben estos antecedentes como paso previo a la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra y el resto de personas sobre las que se han detectado indicios de delito, si bien el inicio del juicio está pendiente de los recursos que se presenten desde las partes en el plazo máximo de diez días.

De esta forma, los órganos judiciales competentes deberán remitir al juzgado de Nules los antecedentes tanto del presidente de la Diputación como de su ex esposa, María Amparo Fernández; el empresario Vicente Vilar, su ex esposa, Montserrat Vives; el impresor castellonense Manuel Martínez; el ex subdirector del Ministerio de Agricultura en la época de Aznar, Domingo Cadahía; y los químicos de Naranjax Hadmi El Azouizi y Mohamed Chakir como paso previo al juicio oral.

Según el escrito, «las falsificaciones fueron encargadas por Montserrat Vives, por la ex esposa de Fabra y por Vicente Vilar, y realizadas materialmente por Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir». Por su parte, «los sellos fueron falsificados y vendidos por Manuel Martínez, y remitidos, a través del presidente de la Diputación, a Vicente Sánchez Peral, entonces subdelegado del Gobierno en Castellón -ahora fallecido- y por éste al ex subdirector del Ministerio de Agricultura».

El hecho de que la jueza haya detectado indicios de delito en esta supuesta trama generó ayer numerosas reacciones desde todos los ámbitos políticos excepto del entorno más próximo al presidente de la Diputación. El propio Carlos Fabra rehusó ayer hacer declaraciones al respecto de la probable apertura de juicio oral contra él y tampoco uno de sus vicepresidentes, Ramón Tomás, quiso pronunciarse sobre esta cuestión en una comparecencia programada por la mañana.

Sí se pronunció, en los términos en que viene haciéndolo el Consell desde que se inició el procedimiento judicial hace más de cinco años, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno autonómico, Vicente Rambla, quien consideró «significativo» el momento en el que se ha activado el proceso judicial en relación con Carlos Fabra: a las puertas de unas elecciones. Asimismo, volvió a apelar a la presunción de inocencia del líder del PP provincial.

También el portavoz del grupo popular en Les Corts, el castellonense Ricardo Costa, manifestó que el PP «respeta el proceso judicial» sobre el presidente de la Diputación de Castellón. Pero, en términos políticos, aseguró que «no sólo es el PP» quien apoya la gestión del líder provincial, sino también «la gente que le ha dado mayoría absoluta».

La oposición, sin embargo, fue mucho más dura con el líder provincial del PP. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, aseguró que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, será «responsable político directo» de lo que le ocurra a Fabra, porque su cargo como presidente de la Diputación no es de elección directa de los ciudadanos, sino que fueron los dirigentes del PP y el jefe del Consell «los que decidieron que siguiera», por lo que también apuntó que los resultados electorales no le van a liberar de sus posibles responsabilidades penales. Además, recordó que en el congreso provincial de los populares, Camps puso a Fabra como su «referente moral y ético».

El secretario general del PSPV en la provincia, Francesc Colomer, pidió al presidente de la Diputación que «si todavía le queda algo de decencia política, aunque sea poca, dimita, para no seguir manchando el nombre de Castellón y para no seguir faltando al respeto a la gente decente de esta provincia». Colomer calificó de «propio de un guión de una película de terror y codicia» la situación que atraviesa el líder del PP y consideró que «Castellón se merece mucho más que un presidente de la Diputación imputado directamente en este escándalo».

También la diputada provincial del Bloc, Maria Gràcia Molés, pidió «firmeza» a la justicia para esclarecer la presunta vinculación de Fabra, para «aclarar de una vez por todas sus supuestas implicaciones que socavan la imagen pública de las instituciones democráticas y de los ciudadanos de Castellón». Esquerra Unida e Iniciativa del Poble Valencià se pronunciaron en similares términos, alertando también de las derivaciones que el caso puede tener para el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, por su «apoyo incuestionable a Fabra».

Desde la Unión de Consumidores de España en la Comunitat, personada en la causa, su secretaria general, Isabel Dolz, mostró su satisfacción por la decisión judicial y explicó que la entidad esperará a ver la respuesta de la Fiscalía antes de adoptar decisiones sobre sus próximas actuaciones en el procedimiento.