El PP cree que las acusaciones del 'caso Gürtel' son «ridículas» en comparación con los GAL

Un día después del tenso debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados, la jornada parlamentaria de Les Corts también dejó ayer una agria discusión entre los dos grupos mayoritarios. Como viene siendo habitual en los últimos meses, el motivo del enfrentamiento fue la investigación de varios cargos populares, entre ellos el presidente de la Generalitat, por una presunta trama de empresas corruptas relacionadas con el PP. El diputado popular César Augusto Asencio sacó a relucir todos los casos de corrupción vinculados con el PSOE de la época de Felipe González para restar importancia al asunto .

La discusión vino a cuenta del debate de una iniciativa del PSPV, en la que se proponía la creación de un registro público de todos los contratos menores de la Generalitat, así como de los informes encargados a empresas privadas para la adjudicación de servicios. El diputado socialista José Camarasa justificó la moción en la «opacidad» que, a su entender, caracteriza al Consell. Un «oscurantismo» que desemboca, por ejemplo, en la aparición por cuentagotas de contratos adjudicados a Orange Market, empresa valenciana vinculada a la red corrupta.

En su réplica, Asencio justificó el rechazo de su grupo a la iniciativa, que ya contaba con el criterio desfavorable del Consell (por lo que fue desestimada), en que las propuestas que realiza afectan a una ley, la de contratos de las administraciones públicas, de ámbito estatal. En ese sentido, afirmó que «no nos parecería mal» que el Gobierno central introdujera esas mejoras en la normativa general, pero censuró que se tratara de «crear un régimen de contratación administrativa en cada Comunidad Autónoma». Además, defendió los trabajos adjudicados a Orange Market, como los congresos del PP, porque «todo han sido elogios a la organización».

Dicho esto, el diputado popular entró de lleno en el meollo del llamado , destapado por la Audiencia Nacional y ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. Asencio consideró que «tres o cuatro trajes, en caso de que existieran», serían algo «ridículo» en comparación con todos los escándalos que se sucedieron durante los últimos años de Gobierno de González.

Y empezó con la retahíla: «Roldán, Juan Guerra, Salanueva en el BOE, las pensiones de los huérfanos de las Guardia Civil que se llevaron los de su partido, las recalificaciones del AVE, la financiación en Filesa de su partido, los GAL, los fondos reservados». Además, advirtió de que las acusaciones sobre tráfico de influencias y financiación ilegal han sido descartadas (puesto que el TSJCV no incluye de momento esos presuntos delitos en su investigación), por lo que «sólo quedan migajas» (en referencia al delito de cohecho, que se mantiene).

Por eso, consideró que si, al final, lo único que hay son unos cuantos trajes, «ya quisieran todos después de los ejemplos que dieron ustedes de corrupción en España, tener gobernantes de la talla, el prestigio y la honradez del presidente Camps y el secretario general del PP, Ricardo Costa». La diputada de Compromís Mireia Mollà mostró su asombro por las palabras de Asencio, a quien acusó de hacer «apología de la corrupción». En ese sentido, se pregunto «cuál es la cuantía mínima para que el PP se sienta avergonzado».

La corrupción de unos y otros no fue el único motivo de enfrentamiento ayer en Les Corts. El primer punto del día, la elección de los dos representantes parlamentarios en el Consejo Valenciano de Cooperación, abonó ya el campo de la disputa. De los dos puestos a cubrir, el PSPV creyó que el PP le cedería uno (para Clara Tirado), pero no fue así, y los populares incluyeron a dos de sus diputados (Salvador Cortés y Herminia Palomar). El portavoz socialista, Ángel Luna, achacó la exclusión de su propuesta a un «castigo» del PP por querer «fiscalizar la acción del Consell». Los populares respondieron que el PSPV no había pedido un acuerdo.

Por otro lado, el PP también rechazó una iniciativa socialista de apoyo a medidas para los trabajadores autónomos. Los populares proponían una enmienda en la que toda la responsabilidad recaía sobre el Gobierno central, pero el PSPV no la aceptó.