La empresa donde un joven perdió el brazo siguió abierta pese a la orden de cierre

La panificadora de Real de Gandia donde un joven boliviano «sin papeles» perdió un brazo, que fue tirado a la basura por su patron, continuó su actividad a pesar de la orden de paralización de la Generalitat. Esta es al menos la denuncia que ha realizado el sindicato Comisiones Obreras y que también fue confirmada por fuentes municipales.

De hecho, el jefe de la inspección de trabajo comunicó ayer al Ayuntamiento de Real de Gandia que mantuviera vigilante a la Policía Local para que se cumpliera la orden de paralización.

No se sabe con exactitud si durante ese periodo siguieron trabajando compañeros del joven que estaban también sin contrato. Llevaban realizando labores en situación ilegal entre 21 y 25 meses, según el representante de la intercomarcal CC.OO., Josep Pons.

Fuentes del mismo sindicato aseguraron que los empresarios se enfrentan a penas de entres seis y 10 años de prisión por los delitos contra los derechos de los Trabajadores y omisión de socorro.

Edgar Franns Rilles Melgar, el joven de 33 años al que la máquina de amasar le arrancó el brazo y presuntamente fue abandonado por su jefe cerca del hospital de Gandia, sigue hospitalizado en Valencia.

Su intención es permanecer en España junto a su hermana. Al menos verá cumplido este deseo puesto que la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, señaló ayer que confía en la posibilidad de normalizar la situación de Edgar por «razones humanitarias» si éste lo solicita.

CC.OO. sí tiene intención de solicitar a la Delegación de Gobierno esta autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales y razones humanitarias para el empleado. Por su parte, el Ejecutivo valenciano anunció que la paralización del horno se produce por «cuestiones técnicas muy deficientes», sobre todo en la instalación eléctrica.

El conseller de Empleo, Gerardo Camps , destacó ayer que estas deficiencias. «especialmente las eléctricas. fueron probablemente las causa del accidente que sufrió el trabajador». Por su parte, el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que «debe recaer todo el peso de la ley» sobre los empresarios. Corbacho afirmó que se ha producido una situación «ilegal», porque al parecer el trabajador carecía de contrato y trabajaba doce horas diarias por 700 euros. La Fiscalía de Salud Laboral de Valencia incoó ayer las diligencias de investigación de este caso que todavía ni tiene causa judicial abierta porque no había sido asignado a ningún juzgado de Gandia.

La misma Fiscalía ha solicitado conocer el atestado de la Guardia Civil y el de la inspección de trabajo y tiene previsto solicitar hoy nuevas pruebas.