La Comunitat Valenciana, la que demuestra "un mayor desprecio" por sus espacios protegidos de España

Greenpeace España denunció hoy que de 233 espacios naturales protegidos del litoral español analizados, 120 "se encuentran amenazados", víctimas del urbanismo, las infraestructuras o la contaminación y criticó que la legislación de costas que "supuestamente" los ampara no se cumple, "debido a la pasividad de las administraciones que intentan sellar una normativa que ellos mismos crearon y de un Ministerio de Medio Ambiente que no se posiciona al respecto".

En esta línea, en la presentación de la novena edición del informe 'Destrucción a Toda Costa', que tuvo lugar hoy en la sede de la organización, sus representantes alertaron de que el desarrollo inmobiliario de los últimos años ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales "insustituibles" que va cercando al escaso territorio virgen restante. "Nuestro litoral ha asumido la cultura del cemento y se ve obligado a aguantar ese peso sin limitaciones", advirtió el director del grupo en España, Juan López de Uralde.

"Los políticos se quieren poner medallas en sostenibilidad ambiental, pero cuando se dan cuenta de que la legislación trunca sus proyectos urbanísticos tratan de esquivarla", se quejó. Además, criticó que la política actual de las administraciones se apoya en la urbanización de las costas y reclamó un refuerzo apreciable de la legislación y una gestión ambiental "sin excusas" que entienda la protección del litoral "como una tarea prioritaria". EL PEOR EJEMPLO, CABO DE GATA

Así, este informe, que recoge los diez puntos negros de la geografía costera española en lo referente a la vulneración de los derechos naturales, pone de manifiesto que la Comunidad Valenciana, Andalucía y las Islas Canarias son las comunidades autonómas que demuestran "un mayor desprecio" por sus espacios protegidos. En este sentido, refleja que el Parque de Cabo de Gata-Níjar (Almería) "constituye el peor ejemplo de destrucción de uno de los pocos parajes vírgenes que quedan en el Mediterráneo", y es precisamente allí donde se ubica el hotel ilegal 'El Algarrobico'.

No obstante, el primer puesto en cantidad de espacios amenazados lo ocupa la Comunidad Valenciana que, con 21 "puntos negros", presenta varios casos de acoso urbanístico como el de 'La Albufera', donde municipios como El Saler, El Palmar o Sueca "siguen asfixiando al humedal". Otro de los ejemplos que destaca el estudio es el de la Región de Murcia, que con sólo 300 kilómetros de litoral, está aplicando una reforma de la Ley del Suelo que desprotege el 64 por ciento del Parque Natural Cabo Cope-Calnegre "con la intención de construir un complejo turístico".

Por su parte, los archipiélagos concentran "gran parte de las irregularidades" que denuncia Greenpeace. En este sentido, el grupo ecologista critica que el proyecto de puerto industrial de Granadilla de Abona (Tenerife) "refleja una grave conducta de atropello a un espacio natural". Igualmente, señala que en Baleares estos lugares "sufren una merma diaria en sus valores naturales", como ocurre con el proyecto de ampliación del puerto de Ibiza, que pone en peligro al Parque Natural de las Salinas.

En lo relativo ubicación de chiringuitos en las playas españolas, los portavoces de la organización reconocieron que no se trata de el aspecto "más importante del asunto" y apuntaron que "son la última consecuencia del urbanismo salvaje, creada para darle servicio". Sin embargo, subrayaron que constituyen el "último eslabón de la cadena" y que no sirve de nada su derribo si las administraciones responsables no empiezan por tomar otras resoluciones "mucho más importantes".

Finalmente, para los ecologistas, la conducta del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y de su titular, Elena Espinosa, "no es la adecuada, pues ni está tomando cartas en el asunto ni se espera que lo haga". "Podría empezar por ofrecernos los datos de cuáles son las afecciones reales en el litoral, porque por el momento no lo ha hecho", acusaron.