El juez del 'caso Gürtel' rechaza imputar a Correa, Crespo y el Bigotes como pedía el fiscal

El magistrado José Flors, que instruye la rama valenciana del 'caso Gürtel', volvió a descargar ayer a la investigación en la Comunitat de la gravedad de la trama de corrupción que se sigue, en su mayor parte, en Madrid. El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de citar como imputados a los presuntos cabecillas del entramado madrileño. Es decir, a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, conocido como 'el Bigotes'.

Con esta decisión, Flors desvincula la causa valenciana del grueso de la trama, que afecta principalmente a la Comunidad de Madrid y ya se ha saldado con la dimisión de alcaldes y otros altos cargos del PP.

El magistrado entiende que no es posible investigar una parte de las conductas de Correa, Crespo y Pérez (el pago de las prendas que, al parecer, utilizaron como obsequios para cargos del Consell) cuando todas las acciones llevadas a cabo supuestamente por ellos forman parte del proceso más amplio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por eso, el juez advierte de que para llevar a cabo esas indagaciones, debería solicitar la inhibición del TSJM de esa parte del caso.

El juez del TSJCV trasladó ayer esta decisión a las partes que participan en el 'caso Gürtel', a las que había citado para que expusieran sus posiciones respecto al punto en que se encuentra la investigación. Flors concluyó la semana pasada en un auto que existen indicios de delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el número dos del PP, Ricardo Costa, y los ex altos cargos del Consell Víctor Campos y Rafael Betoret.

Las defensas de los cuatro imputados, que recurrieron la resolución del magistrado, reclamaron que se paralice el proceso hasta que se resuelvan sus apelaciones. Los letrados de los implicados defendieron ayer, tal y como reflejaron en sus respectivos recursos, la inocencia de sus representados. Según fuentes de la investigación, alegaron que no aceptaron trajes regalados por las empresas corruptas, y que no incurrieron en ninguna irregularidad en las adjudicaciones a Orange Market, empresa agraciada con varios contratos de la Generalitat y dirigida por Álvaro Pérez.

Sin embargo, los abogados de los acusados eludieron solicitar, como sí hacen en los recursos, el sobreseimiento de la causa. Fuentes de la investigación mostraron ayer su extrañeza por este hecho, ya que consideraron que no es excluyente pedir, por un lado, la suspensión cautelar del proceso y, por el otro, el archivo del caso.

Por su parte, la Fiscalía y la acusación particular, representada en el PSPV, concretaron en su comparecencia los hechos imputables a Camps, Costa, Campos y Betoret. También solicitaron nuevas diligencias. Entre ellas, que se adjunten al sumario los expedientes de los contratos firmados por las distintas administraciones valencianas con todas las empresas de la trama, o las comparecencias de los consellers responsables de las adjudicaciones.

Ahora, el magistrado instructor deberá pronunciarse sobre todas estas peticiones. No hay fecha límite (aunque distintas fuentes apuntan a que será en pocos días), igual que tampoco la hay para que la sala de lo Civil y Penal del TSJCV resuelva los recursos.

En cualquier caso, según las mismas fuentes, lo más probable es que Flors no atienda a la petición de la defensa de paralizar el proceso hasta que se solventen las alegaciones. El argumento es que dichos recursos no tienen carácter suspensivo. Por tanto, la próxima decisión del magistrado irá dirigida, bien a proceder a la apertura de juicio por el procedimiento de jurado, bien a recabar nuevas pruebas. No cabe, en principio, el archivo puesto que la defensa no lo pidió ayer.

El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, volvió a mostrarse ayer convencido de que Camps pagó sus trajes.