La mitad de los dependientes con derecho a ayuda aún no la reciben

«El 2 de enero de 2007 solicité la ayuda. Me valoraron y ahora en junio me declararon el nivel. Estoy en silla de ruedas y tengo un 78% de discapacidad. Hasta la fecha no he cobrado ni una peseta». La odisea de Javier Aparici, de Puerto de Sagunto, podría tener muchas caras. Personas dependientes que esperan ayuda. La mitad de los 57.000 valencianos que cuenta con el visto bueno aún no las han recibido.

Desde que entrara en vigor la ley, en enero de 2007, hay muchas familias esperando una llamada. Otras la recibieron demasiado tarde. «Lo pedimos en 2007, sí. Ni siquiera dinero, sólo ayuda especializada para mi mujer. Tardaron un año en valorarla. Una semana después de fallecer, me llamaron. Ni siquiera quise saber para qué», explica Diego Fernández de Valencia. Su caso, por desgracia, no es el único. «Hay que pasarlo día tras día para saber lo que es», afirma.

El grado de implantación del Sistema de Dependencia por comunidad autónoma sitúa a la valenciana en las últimas del ranking en número de solicitudes y plazos. «Estamos observando una ligera mejoría pero la mayor parte de los expedientes se hacen eternos», explica Joan Planells, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunitat (Cermi).

Las incompatibilidades para obtener varias prestaciones es otro problema para los afectados. «En la Comunitat tenemos un sistema de incompatibilidades muy severo que tendría que comprender la situación de muchas familias. Cuando una persona es dependiente lo es durante las 24 horas y no de nueve a dos», subrayan afectados del Cermi. «Es como si tuvieras dos tipos de cáncer y en el hospital te hicieran elegir por uno de los dos para poder operarte».

Nuevos procedimientos

La UGT pedía hace días a la Conselleria de Bienestar Social crear el Comité Consultivo autonómico de la Dependencia, una réplica del nacional formado por sindicatos, patronal y Administración.

La meta siempre es la misma: acortar plazos. «Somos los penúltimos en resoluciones y no se están dando servicios especializados que permitirían, además, generar puestos de trabajo», matiza la secretaria de Política Social de UGT, Pepa Llorca.

La aplicación de la Ley de Dependencia comenzó gradualmente con los reconocidos como Gran Dependiente. Las valoraciones se determinan según grado y nivel. Un baremo determina tres grados y dos niveles en cada uno de ellos. El porcentaje representa la falta de movilidad y autonomía física, mental, intelectual o sensorial para realizar actividades básicas.

Desde la Confederación de Personas con Discapacidad Física de la Comunitat (Cocemfe) se critica que la valenciana «haya sido de las últimas en el desarrollo efectivo de la ley. Falta financiación pero también centros, servicios y plazas para atender todas las peticiones».

El Gobierno central anunció que transferirá un balón de oxígeno económico a la Comunitat de 36 millones de euros para programas y actuaciones para dependientes que beneficiarán a 19.614 personas y generarán 1.500 puestos de trabajo. El Ejecutivo dirigirá su mirada hacia la oferta de la red de servicios en centros de día y alojamientos residenciales y en formación y cualificación ligada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad).

Vista la evolución de los primeros años de vida de la ley, la Conselleria de Bienestar Social trabaja en un nuevo decreto que incluye modificaciones en el procedimiento. El objetivo es reducir a la mitad el tiempo que pasa desde que la persona dependiente solicita su reconocimiento hasta que recibe la prestación.

Esta situación aliviaría el «calvario» de muchas familias. Una medida será que la documentación de carácter económico se aporte desde el principio, junto con el informe social y la elección de servicio o prestación. Simplificar la recepción de documentos «agilizará las respuestas», aseguran. Otro problema es la financiación.

Mientras, las ayudas llegan a las personas «que más lo necesitan», ya que en las primeras valoraciones se incluyen los grados III y II. El I, más leve, entrará, en 2010. «Es una ley muy joven, tiene dos años y ha requerido mucho esfuerzo técnico, económico y humano para atender el volumen de peticiones», puntualizan.

La consellera Angélica Such pidió a Sanidad que el nuevo modelo de financiación incluya a todos los dependientes reconocidos en la Comunitat «hasta final de año y no sólo hasta abril, como se había previsto». Bienestar Social aclara que el 90% de las solicitudes han sido «valoradas. 57.000 personas con grado y nivel en vigor están reconocidas como personas dependientes y el 50% de ellas recibe servicio o prestación».

Pero hay muchas esperando. Desde la Plataforma por Valencia y la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores piden «datos. Pensamos que puede haber hasta 120.000 afectados porque muchos no se han incluido aún». El sábado se reunirán todas las plataformas en Cocentaina para gestar una coordinadora que les permita continuar la batalla.

Mientras, Eliseo Durbà, jubilado con problemas de artrosis, tiene a su suegra de 93 años con nivel máximo de dependencia postrada en una cama. Año y medio después de solicitar ayuda ya la ha recibido. «Ojalá le llegue a todo el mundo», desea en voz alta.