El robo de los papeles de Alcalá-Zamora, sin culpables

Los 72 años transcurridos desde el momento en que alguien metió la mano en la caja de seguridad propiedad de Niceto Alcalá-Zamora en el banco Crédit Lyonnais de Madrid han bastado a la justicia para archivar la causa por presunto robo. La decisión inicial de un juzgado valenciano de cerrar el proceso abierto por los familiares del ex presidente de la República española fue contestada por sus representantes legales. Ahora ha sido la Audiencia de Valencia la que ha dado carpetazo a la causa atendiendo al tiempo transcurrido desde que se cometió el delito.

El robo se produjo en 1937, en plena guerra civil. Han pasado 72 años, muchos más de los cinco que fija el Código Penal para investigar un robo con fuerza (tipo de delito del que se trataría).

La resolución de la Audiencia de Valencia tampoco considera que siga vigente el supuesto delito de receptación, es decir, la venta de un objeto a sabiendas de que es robado, según explicaron a LAS PROVINCIAS fuentes próximas a la familia Alcalá-Zamora. Ello pese a que el desencadenante de la operación de la Guardia Civil que acabó con la recuperación de más de 1.200 documentos fue un supuesto intento de venta de los 'papeles' al conocido escritor y periodista César Vidal que se descubrió en diciembre de 2008.

Los magistrados no han entrado a valorar si en su momento hubo o no robo, apuntaron las citadas fuentes, simplemente que no cabe una investigación criminal sobre ello al haber prescrito la supuesta acción delictiva. Esta decisión cierra la vía penal a los herederos del político republicano. Tanto él como sus descendientes se vieron privados de archivos personales, pero también de gran relevancia histórica, como las memorias manuscritas -que después tuvo que reescribir en el exilio-, su dietario, cartas, informes e incluso documentos que ilustran algunos de los episodios más dolorosos de su intimidad, como la factura que le cobró una funeraria de la calle Desengaño de Madrid por el entierro de su esposa o la carta de pésame que le envió Unamuno.

Estos son los archivos que quiere recuperar la familia. De hecho, ha pedido a través de su representante legal el informe que está elaborando el Ministerio de Cultura para determinar qué parte del material incautado es de carácter público o privado. Tras la lectura de ese análisis que están realizando técnicos de Patrimonio, los familiares se plantearán recurrir la catalogación de bienes.

Por su parte, el empresario valenciano que pretendía vender los documentos tampoco los recuperará de momento. Ha mantenido siempre que llegaron a sus manos por una herencia a raíz del fallecimiento de su padre. Este era un gran aficionado a las antigüedades y, supuestamente, los adquirió en una librería de viejo.