El Gobierno de Zapatero ha adjudicado 292 millones a las empresas que el PSPV acusa de corruptas

A diferencia del PSPV, el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero no parece tener ninguna duda de la honorabilidad de las constructoras contra las que los socialistas valencianos han presentado una denuncia por corrupción. Las cinco empresas valencianas han resultado adjudicatarias de distintos concursos públicos convocados por la administración central. De hecho, desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa, Sedesa, Enrique Ortiz, Lubasa, Facsa y Grupo Piaf no han tenido ningún problema para participar en obras por un valor cercano a los 300 millones de euros.

Las cifras a las que ha tenido acceso este diario así lo constatan. Desde el año 2004, las cinco firmas contra las que se ha querellado el PSPV con la 'excusa' de que figuran en el informe sobre financiación irregular del PP han obtenido adjudicaciones millonarias, muy superiores incluso a las que la administración valenciana les ha concedido en el mismo periodo de tiempo. Y con esas adjudicaciones, han realizado obras en el ámbito de la Comunitat, y también en muchas otras provincias españolas.

Los datos señalan que en el periodo antes mencionado -casi cinco años-, el Ejecutivo central ha adjudicado a esas empresas la realización de actuaciones por valor de 62 millones de euros, que corresponden a obras realizadas en solitario por algunas de esas mercantiles.

A ese dato habría que añadir un total de 230 millones de euros, que corresponderían a la participación de esas firmas, bajo el formato de UTE, en obras junto a otras empresas. La suma es de 292 millones de euros. Si a ese dato se incorpora el total de las adjudicaciones a UTE en las que participaba alguna de esas firmas, la adjudicación de obras del Ejecutivo central a las firmas contra las que ahora se querellan los socialistas valencianos alcanza los 517 millones de euros.

En este periodo de tiempo, las cinco constructoras han resultado adjudicatarias de más de 50 concursos públicos. En esa cifra se incluyen obras realizadas en la Comunitat, pero también actuaciones en otros lugares de España. La construcción del centro de día para personas mayores en la localidad de Soria (2,2 millones de euros); el vial de conexión N-I y BU-740 en el término de Burgos (4,7 millones); y la conservación del firme en la A-23, en el término de Zaragoza, son algunas de esas actuaciones realizadas por esas constructoras.

Los datos avalan que, en contra de lo sostenido por los socialistas valencianos, el día a día de las adjudicaciones del Ejecutivo central -hay concursos de distintos ministerios y entidades dependientes de la Administración- avala la honorabilidad de esas empresas.

Desde que el pasado lunes la dirección del grupo socialista de Les Corts presentara una querella contra la cúpula del PP, los cabecillas de la trama 'Gürtel' y las cinco constructoras mencionadas en el informe policial, la polémica no ha dejado de crecer. La respuesta inmediata de las constructoras -que han quedado señaladas por esa demanda- fue anunciar acciones legales contra los firmantes de la querella, al entender, entre otras razones, que esa denuncia atribuye a las citadas mercantiles un volumen de contratación con la Administración autonómica muy superior al real.

Pese a las voces del PSPV que consideraban un error situar a las cinco firmas al mismo nivel que al resto de personas que figuran en la querella, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, y el Síndic del grupo parlamentario, Ángel Luna, impusieron su criterio. La patronal valenciana se ha levantado de forma unánime para rechazar esa actuación. E incluso algunas voces del partido en Ferraz también han cuestionado la oportunidad de la iniciativa.