La condena judicial contra la extorsión abre una nueva etapa en el puerto

Decía Aristóteles que la multitud obedece más a la necesidad que a la razón, y a los castigos más que al honor. La antiquísima frase bien podría ser acuñada por los nueve procesados tras la quema de camiones de transporte de contenedores en los últimos años en Valencia.

Las graves acusaciones que pesaban sobre ellos como una losa, las extorsiones, amenazas y agresiones a otros transportistas e incluso la asociación ilícita, se fueron diluyendo durante la instrucción del sumario.

Al final, la causa se cerró con multas que suman cerca de 11.400 euros por faltas de coacciones y lesiones. Una condena que abre una nueva etapa en el puerto y un período para la esperanza, según la Autoridad Portuaria de Valencia. Una reflexión que también comparten las principales asociaciones de transportistas.

«Ojalá que sirva para acabar con la quema de camiones», asevera Carlos García, gerente de la Asociación de Empresas de Logística y Transporte de Contenedores (ELTC).

García reconoce que continúa el clima de tensión en el sector debido al descenso de las importaciones y exportaciones de mercancías. «La consecuencia ha sido una bajada de precios y una mayor agresividad comercial», sostiene. Además, la presión generalizada de todos los operadores -consignatarios, transitarios y transportistas- por rentabilizar su actividad no ayuda a cerrar la herida.

La Autoridad Portuaria de Valencia también ha mostrado su deseo de que la condena judicial sirva para mantener un estado de sosiego. En varias ocasiones, la entidad intentó mediar para hacer entender a los transportistas que no se puede dinamitar la ley de la oferta y la demanda.

El acuerdo alcanzado por las partes implicadas en el proceso contra los extorsionadores y, especialmente, las penas impuestas a los acusados, ha indignado a las víctimas de los ataques incendiarios. «Se han ido de rositas. Con el daño que han hecho al puerto de Valencia y después de reconocer los cargos, me parece injusto que se cierre el caso con unas simples multas», asevera Tomás F., uno de los transportistas afectados por la quema de camiones.

«A nosotros nos quemaron dos vehículos y dos contenedores. Perdimos mucho más dinero que el valor total de las multas que tienen que pagar», afirma Tomás. «Y un compañero se quedó sin trabajo por culpa de estos mafiosos», añade.

El actual presidente de la Asociación de Autopatronos del Transporte de Contenedores de la Comunitat Valenciana (Transcont), Javier Gimeno, no comparte las críticas a la sentencia de conformidad.

«Nosotros confiábamos en su inocencia, y ha quedado claro que ellos no quemaron los camiones. Una cosa es coaccionar y otra muy distinta es incendiar un vehículo», sostiene Gimeno.

Para el máximo dirigente de Transcont, el calificativo de mafioso no debería de utilizarse para referirse a los procesados. «Primero, la imputación de asociación ilícita no fue probada; y segundo, habrían amasado una fortuna si fueran mafiosos de verdad. Y eso nunca ocurrió.»

A pesar de las palabras del presidente de Transcont, la última asamblea de socios decidió expulsar a la anterior junta directiva. Echaron con cajas destempladas al presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y un vocal; es decir, desterraron a cinco de los nueve apóstoles de la extorsión. Los otros cuatro procesados continúan en la asociación.

Una lucha sin fronteras

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los acusados actuaron como predicadores de una doctrina amenazante e inclinada a hacer mal a la competencia. Declararon una guerra que traspasó las fronteras y los muelles de Valencia. Un conflicto similar al que sufrieron los puertos de Bilbao y Barcelona.

Sur armas eran las coacciones e incluso la violencia física. Decidieron impedir que empresarios y transportistas ajenos a la asociación «trabajaran libremente en el puerto de Valencia», según reza el acuerdo de conformidad que los propios condenados firmaron.

Los afectados sufrieron amenazas, insultos y, lo más grave, agresiones físicas y la quema de un gran número de camiones. La carga o descarga de un contenedor en el puerto de Valencia se convirtió en una actividad de riesgo entre el verano de 2004 y marzo de 2005.

Pero la investigación de la Policía Nacional no pudo probar la autoría de los ataques incendiarios. Por este motivo, el delito de daños, donde se encuadrarían los millonarios perjuicios que causó la quema de vehículos, no aparece en la lista de acusaciones.

Tras los graves incidentes ocurridos en el verano de 2004 se impuso la ley del silencio. Muy pocos se atrevían a denunciar. Las prácticas mafiosas continuaban de día y de noche. Dinero negro, ruedas pinchadas, lunas rotas, más camiones destruidos por el fuego, insultos, coacciones...

La gota que colmó el vaso

El boicot de una asamblea de la Asociación de Transportistas Portuarios Europeos (ATPE) fue la gota que colmó el vaso. El 5 de marzo de 2005, unos 20 socios de Transcont, con su junta directiva a la cabeza, irrumpieron en la reunión e insultaron a los allí presentes.

Los alborotadores provocaron a sus colegas de la competencia e incluso agredieron a dos. Entre los que boicotearon la asamblea, los socios de ATPE identificaron a David Orduña, Francisco Javier Sanchis y Juan Carlos Coy, los tres únicos condenados por una falta de lesiones.

Tres días después, la Policía Nacional practicó las primeras detenciones. Diez transportistas, entre los que se encontraban los tres agresores y miembros de la junta directiva de Transcont, fueron arrestados como presuntos autores de varios delitos.

Los detenidos quedaron en libertad provisional a la espera del juicio, que no se llegó a celebrar tras el acuerdo alcanzado por el fiscal y la defensa. De las diez personas arrestadas en 2005, una de ellas no se sentó el 3 de noviembre en el banquillo de los acusados. El juez archivó las imputaciones contra este procesado. Y no fue el único exculpado. El anterior presidente de Transcont, Alfredo Martínez, fue absuelto del delito de asociación ilícita.

El fiscal solicitaba, en principio, entre tres y seis años de prisión para los nueve procesados. Sin embargo, tras la conformidad, no habrá más castigo que las multas por un total de 11.400 euros. La mayores sanciones recayeron sobre los tres procesados que agredieron a dos transportistas en la asamblea de ATPE.

¿Pero por qué quemaban los camiones? ¿Quién comenzó la guerra en el puerto de Valencia? El enfrentamiento entre las distintas asociaciones de transportistas de contenedores tuvo su origen en la diferencia de precios que cobraban por el mismo servicio.

Hace cinco años, los camioneros autónomos no podían competir con medianos y grandes empresarios del transporte. Estos últimos ofertaban precios más bajos y trabajaban en exclusiva para algunas navieras.

«Ahora estamos ya en una nueva etapa. La cosa ha cambiado mucho. Los autónomos ofrecemos nuestros servicios sin intermediarios. Tenemos nuestra propia operadora de transporte, y en enero inauguramos una gasolinera», explica el presidente de Transcont.

Pero en 2004, cuando comenzó la quema de vehículos, la pugna en el sector era como una lucha encarnizada. Varios de los procesados exigían a los conductores de los camiones que les mostraran el «número», un documento identificativo de los socios de Transcont.

La autoridad portuaria, que no era partidiaria de un censo cerrado de transportistas, intentó mediar en el conflicto. «Nuestras instalaciones siempre han sido un espacio abierto, y son ellos los que tienen que competir en un mercado libre», afirma un portavoz.

Pero las coacciones continuaron. El «número» era imprescindible para operar en el puerto. «La tranquilidad de que no te quemaran el camión tenía un precio», asegura Vicente, uno de los transportistas amenazados. Asociarse con los presuntos mafiosos costaba entonces 3.300 euros.