El Gobierno no cierra la puerta a sondeos petrolíferos frente a la Albufera y Gandia

El rechazo vecinal, empresarial y político a los sondeos que quiere realizar la empresa Cairn Energy en las costas valencianas para buscar petróleo no ha hecho cambiar de opinión al Ministerio de Industria. Ni siquiera ha pesado el pronunciamiento del Congreso de los Diputados en contra de la petición formulada por la empresa escocesa, ya que en la última respuesta parlamentaria sobre la cuestión, fechada en julio, el departamento que dirige Miguel Sebastián deja la puerta abierta a que se realicen las prospecciones, que afectarían a un área de 238.140 hectáreas entre Sagunto y Gandia.

«Actualmente, estos permisos se encuentran en fase de tramitación previa a su aprobación por el Consejo de Ministros», reza la contestación a la pregunta formulada por la diputada valenciana Inmaculada Bañuls.

Se trata de una respuesta sensiblemente diferente a la que recibió en marzo Esteban González Pons, actual vicesecretario de Comunicación del PP en el Congreso. En esa ocasión, se apuntaba que «se está instruyendo el correspondiente expediente administrativo previo a la resolución (positiva o negativa) de la solicitud de otorgamiento de estos permisos por el consejo de Ministros».

Este cambio de matiz (en la respuesta a Bañuls no se menciona la posibilidad de que se rechace), hace pensar a los diputados valencianos que el Gobierno puede aprobar en escasas fechas la realización de los sondeos. «No da señales de denegarlo. Al contrario, dice que está en fase de tramitación», explicaba ayer la diputada Inmaculada Bañuls.

«Que no exista un pronunciamiento al respecto nos hace sospechar que lo están manteniendo para que cuando se deje de hablar del tema se incluya en el consejo de Ministros para su aprobación», continuó Bañuls.

Rechazo en el Congreso

Entretanto, el pasado mes de mayo el Congreso de los Diputados aprobó pedir al Gobierno la denegación de los permisos solicitados, a raíz de una proposición no de ley presentada por el grupo popular en la comisión de Medio Ambiente, que salió adelante con la abstención de los representantes socialistas. En otras palabras, el máximo organismo de representación de los españoles se oponía a los sondeos. En este documento se hacía hincapié en el impacto ambiental que tendrían las actuaciones, que afectarían a áreas protegidas como las Islas Columbretes, además de los efectos negativos que causaría al sector turístico.

«El miedo que tenemos es que se apruebe en breve, lo que significaría otra discriminación hacia la Comunitat Valenciana», explicaba ayer Marta Torrado, también diputada nacional. Torrado se refería al caso canario, donde el rechazo de todos los sectores, incluido el partido socialista, consiguió frenar las prospecciones frente a Lanzarote, autorizadas tres años antes.

La petición de la empresa Medoil Plc lleva camino de cumplir tres años y medio sin recibir respuesta alguna. Durante este tiempo, la entidad fue comprada por Cairn Energy, que asumió la solicitud formulada al Gobierno español. Además, en 2008 amplió la petición para estudiar dos nuevas áreas de 79.380 hectáreas cada una, también frente a Valencia.

Fuentes del sector explicaban que un plazo tan dilatado para aceptar o rechazar las investigaciones de la empresa es «extraño», y lo asociaban al rechazo político y social que causó la intención de la compañía. Durante el día de ayer, este periódico trató de conocer la versión del Ministerio de Industria, aunque no obtuvo respuesta.

En la actualidad, hay cinco grandes zonas en el litoral español donde el Gobierno ha concedido permiso para realizar sondeos. Y en todos ellos el plazo desde que se publicó la petición en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta que fue admitida es mucho menor que en el caso valenciano. Incluso para algunas de las solicitudes el tiempo que discurrió fue inferior a un año, a pesar de tratarse de superficies mucho más extensas. Es lo que sucedió, por ejemplo, en Canarias, donde se autorizó a Repsol Investigaciones Petrolíferas S. L. la realización de trabajos de campo en busca de hidrocarburos por un periodo de seis años. En este caso, la tramitación duró once meses. Tres años después, en 2004, el rechazo social consiguió paralizar los trabajos tras un auto del Supremo.

Autorización socialista

Lo mismo ha pasado en los sectores situados frente a la costa asturiana (once meses de tramitación), frente a Tarragona (siete meses) o en aguas de Málaga (ocho). En las cuatro zonas descritas, la autorización correspondió al Ministerio de Economía y se dio durante el mandado del Partido Popular. En el caso andaluz, la autorización llegó apenas dos meses antes del cambio de Gobierno.

De los permisos vigentes en la actualidad, el único tramitado en zona marítima por el Ejecutivo de Zapatero se sitúa frente a la costa guipuzcoana. El área recibe el nombre de Fulmar, afecta a 31.095 hectáreas y se tramitó en un año y nueve meses. En este caso, le correspondió elevar la autorización al Ministerio de Industria, ya ocupado por Miguel Sebastián.

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, reiteró ayer «la total oposición» del Consell a los sondeos, ya que «perjudican a los humanos, a la biodiversidad y sólo benefician a unos pocos con el beneplácito del Gobierno de España». Cotino tildó de «intolerable» que mientras la región apuesta por energías limpias, el Gobierno «esté de acuerdo en que a cinco kilómetros del litoral pueda instalarse una planta petrolífera».