La agricultura ya no consume el 80% del agua, sino el 70%

Ustedes leerán y escucharán continuamente declaraciones de políticos y de ‘expertos’ que repiten sin cesar que la agricultura española consume el 80% de toda el agua, y lo hacen, para mayor escarnio, como si fuera algo caprichoso, no una necesidad para aportar el riego que permita producir una enorme variedad de alimentos sanos y baratos.

Pues bien, Francisco Amarillo, director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, proclamó el viernes en Valencia que eso es un mito pernicioso, un tópico que se cree a base de repetirlo, porque la agricultura ya no consume el 80% del agua que se gasta en España, sino el 70%, y que eso se debe a los continuos esfuerzos de los agricultores para ahorrar caudales, con sus mejores prácticas, sus inversiones y las de los organismos oficiales.

Hay otras fuentes, como la Federación Nacional de Regantes, que sostienen que el descenso es todavía mayor y que el porcentaje se sitúa ya en el 67%, porque al efecto ahorrador se añade el hecho de que las cuentas se hacían mal. Desde siempre se asignaba al teórico consumo agrícola todo lo que no era lo demás, y así se adjudicaban también al campo las pérdidas por fugas y evaporación, los caudales ecológicos e incluso los consumos urbanos e industriales no contabilizados.

Según esto, el efecto ahorrador aún es mayor del aparente, porque en los últimos años ha habido mucho aumento de regadíos, y pese a eso, el porcentaje ha bajado.

Pero Amarillo aún anunció otro aspecto muy aplaudido por los agricultores, en su intervención ante dirigentes de las juntas locales de la Acequia Real del Júcar. Dijo, contra la opinión imperante en otras instancias de la Administración, que no es verdad que deban subir los precios del agua agrícola por imperativo de la Directiva Marco del Agua, en la que la UE pone como fecha obligada el año 20010 para que se repercutan a los usuarios todos los gatos derivados de la gestión de guardar, conducir, generar, elevar, utilizar y depurar el agua.

Amarillo explicó que la misma Directiva, ‘‘dos párrafos más adelante’’, también habla de posibles excepciones para colectivos y usos en los que sea recomendable por razones sociales y económicas. Y es evidente que el sector agrario merece ese trato de excepción, dada la crisis que sufre.