Empresas e igualdad de género

Esta semana entra en el trámite de ponencia el proyecto de ley “para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” –la Ley de Igualdad–, sin enmiendas a la totalidad. Es propósito del Gobierno que el pleno del Congreso apruebe la norma en diciembre para que el Senado lo haga en febrero y la ley entre en vigor en marzo de forma que sea ya de aplicación a las listas electorales de mayo, que en este caso deberían ajustarse a las nuevas pautas de paridad.

En efecto, la norma en ciernes obligará a reformar no menos de 17 leyes relevantes –desde la ley Electoral hasta el Estatuto de los Trabajadores pasando por la ley de Enjuiciamiento Civil– pero los dos elementos más polémicos de la propuesta gubernamental son los referentes a la paridad en las listas electorales y en los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas en bolsa e incluidas en el selecto club del Ibex 35. El primer asunto, la paridad electoral, encontrará una resistencia fácilmente vencible; la paridad empresarial tropezará sin duda con más resistencias, a pesar de que el proyecto de ley es extraordinariamente flexible: en su redacción actual, no impone sino que propone, considera que el equilibrio se alcanzará cuando haya un 40% de mujeres en el consejo y aplaza hasta el 2015 la fecha a partir de la cual las empresas que cumplan este requisito “serán tenidas en cuenta” en su relación con la Administración. De hecho, es sintomático que, aunque la ley obligará a las empresas a realizar ciertos gastos inexorables –relacionados con la negociación de planes de igualdad o con nuevos regímenes de permisos y excedencias–, la gran patronal CEOE ha centrado su oposición a la ley –con el apoyo del Partido Popular– en la paridad de los consejos de administración.

La discriminación positiva, que ya no suscita grandes dudas intelectuales en nuestras sociedades modernas, es una herramienta insustituible para acelerar los procesos de igualación social, y más concretamente el relativo a la equiparación de la mujer con el hombre. Sin embargo, ha de administrarse con el necesario cuidado para que supere los teóricos problemas de constitucionalidad que puede llegar a plantear. De hecho, tres leyes electorales autonómicas –del País Vasco, Baleares y Castilla-La Mancha– han sido recurridas ante el TC porque establecen la paridad en las listas, y es lógico pensar que la disposición referente a los consejos de administración de las empresas será también recibida con una batería de recursos, que argumentarán además la autonomía de funcionamiento de las empresas privadas.

Los objetores de esta norma en su vertiente empresarial exhiben algunos datos que, ciertamente, constatan la ambición de nuestro proyecto y confirman que la lucha por la igualdad no es un asunto estrictamente español: en los Estados Unidos, casi el 15% de los cargos directivos empresariales son desempeñados por mujeres, pero en Europa este porcentaje desciende al 7,5% (con un amplio abanico que va del 27% en Suecia al inaceptable 3% español). Así las cosas, la propuesta legislativa española podrá parecer, quizá, excesiva y voluntarista, pero el hecho de que los demás no avancen en la dirección adecuada no ha de ser un argumento válido para justificar nuestra parálisis. En cualquier caso, y frente al machismo de la CEOE –que este año ha incluido por fin ¡a una mujer! en su equipo directivo–, hay que registrar que las mujeres empresario aplauden abiertamente y sin fisuras la iniciativa gubernamental. publicaba un reportaje que acreditaba tal cosa el pasado domingo. Mucho se ha hecho en los últimos tiempos en pro de la causa de la igualdad de la mujer y en contra de uno de los más terribles subproductos de la discriminación cultural, la violencia de género; sin embargo, esta lucha plantea grandes dificultades y, en realidad, no se ha conseguido aún reducir el orden de magnitud del indicador más macabro, el número de mujeres asesinadas (más de sesenta en lo que va de año). Lo que conduce irremisiblemente a la conclusión de que hay que seguir dando la batalla en todos los frentes para que concluyan tanto la violencia de género como sus causas, que sin duda han de buscarse en la postergación social, en la reserva para la mujer de roles secundarios, en la pervivencia de unas pautas culturales –arraigadas incluso en las principales religiones– que minusvaloran a la mujer frente al hombre, o la supeditan directamente a él.

La discriminación positiva es, en fin, el recurso excepcional que debemos implementar para que el trayecto de la plena equiparación se recorra en el menor tiempo posible. Sólo entonces, los conceptos relacionados con la igualdad podrán regresar a la generalidad de los grandes planteamientos abstractos.