Las decisiones políticasde la justicia

Para disgusto de Montesquieu, los correligionarios de sus discípulos españoles no terminan de creer en la separación de poderes. Así lo ha demostrado el ministro Joan Clos al afirmar que la justicia no debe tomar decisiones políticas. El contexto de esta afirmación es la anulación del traslado efectuado por el Gobierno de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) desde Madrid a Barcelona. La pregunta es: si la decisión de anularlo es política, ¿también lo fue la de trasladarlo? Y, si fue política, ¿a qué respondía?, ¿al interés del grupo en el poder o al bien común?

La misma acusación mantienen algunos en el País Vasco cuando dicen que los jueces se inmiscuyen en cuestiones políticas al tomar medidas contra el entorno aberzale o cuando persiguen el delito en casos como el de Ignacio de Juana Chaos.

Es cierto que no todas las actuaciones judiciales son meros cumplimientos de la ley sin implicaciones, decisiones puras y alejadas del riesgo de mancharse las manos de política. Sin embargo, llama la atención el desparpajo con el que algunos dicen eso, no tanto en relación a los favores políticos de ZP con Catalunya, sino más bien cuando se trata de perseguir a los terroristas o a los filoterroristas. Antes bien, esos mismos parecen no recordarlo cuando los jueces dejan de atosigar a ETA o cuando el Fiscal General del Estado va señalando el camino de la negociación. En esos casos, la inacción no está alejada del interés particularísimo por obtener un triunfo a cualquier precio.

Ambas actuaciones tienen demasiada carga política: aquellas que persiguen a quienes apoyan a ETA o a los propios etarras cuando podrían no hacerlo ni de ese modo ni ahora, y aquellas que miran hacia otro lado cuando podrían actuar. Es decir, lo que realmente resulta censurable es que la justicia actúe por oportunidad política de forma que el resultado de su actuación sea distinto al que tendría si no estuviera en marcha un llamado proceso de paz.