El PP designa un cazacorruptos para investigar las denuncias que afecten a sus militantes

Un cargo del departamento de Organización del Partido Popular está dedicado desde hace días a rastrear las denuncias sobre casos de corrupción en las filas del partido y actúa bajo las directrices del secretario ejecutivo, Sebastián González. Desde la sede central del PP, el investiga todas las informaciones, periodísticas o directas, para detectar posibles corruptelas o delitos entre los cargos del partido a fin de poder intervenir en el caso de que el departamento jurídico aprecie indicios suficientes de criminalidad.

González asegura que hay un boom de denuncias desde hace un par de meses y sitúa el punto de inflexión en el momento en que estalló el caso Ciempozuelos, que llevó a la cárcel a los dos últimos alcaldes socialistas del municipio.

El cazacorruptos del PP investiga todas y cada una de las informaciones sobre posibles irregularidades que encuentra en los medios de comunicación, las llamadas anónimas que se reciben en la sede o los comentarios que le dirigen militantes de base.

En el rastreo de cada uno de los casos, el de Génova –sede central del PP– se pone en contacto con las organizaciones territoriales para recabar información o la documentación necesaria para esclarecer los hechos. Asimismo, se le piden explicaciones a los afectados para que ofrezcan su versión de los hechos. La investigación se apoya en dictámenes del servicio jurídico del partido y en una estrecha colaboración con el Comité de Derechos y Garantías, que preside Federico Trillo.

Instrucciones de Rajoy

Esta actuación obedece a las instrucciones impartidas por Mariano Rajoy a su partido desde que empezaron a arreciar los escándalos y las acusaciones, especialmente en el ámbito municipal. Les recordó el código de conducta, los estatutos del PP y las normas a preservar, y pidió al equipo de Organización que sea inflexible a la hora de exigir explicaciones y, en su caso, depurar responsabilidades. Repitió el mismo discurso en público para multiplicar su efecto y dijo que no consentirá irregularidades.

“Nos llegan muchas denuncias interesadas que no se sustentan porque hay gente que se aprovecha para perseguir intereses personales o políticos”, dice Sebastián González. En otros casos, reconoce que hay algo más que maledicencias pero son acusaciones que resultan difíciles de comprobar fuera de cauces judiciales.

“En ocasiones, tenemos sospechas pero no podemos tomar medidas contundentes hasta que disponemos de indicios racionales de delito porque así nos los exige la Ley de Partidos Políticos porque la presunción de inocencia es lo primero”. El secretario de organización popular se refiere a la necesidad de contar con pruebas para fundamentar la apertura de un expediente disciplinario que ha de seguir un procedimiento contradictorio.

Medidas disciplinarias

En los asuntos que están bajo el foco de atención, el cazacorruptos establece un seguimiento en el tiempo hasta que, habitualmente en cauces judiciales, se producen acontecimientos que permiten la adopción de resoluciones de carácter disciplinario.

Lo primero que se hace en estos casos es pedir al comité regional de Derechos y Garantías que eleve al nacional la propuesta de apertura de expediente, se suspende cautelarmente de militancia al afectado y se sigue el procedimiento hasta concluir en la expulsión definitiva cuando haya sentencia firme.

En esta situación están los cinco concejales, un asesor y el alcalde de Telde (Gran Canaria); el alcalde de Andratx (Mallorca) y seis ediles de Las Palmas (Gran Canaria), que han sido suspendidos de militancia a la espera de sentencia en sus respectivas causas judiciales. Además, el PP se querelló contra uno de los acusados de Telde quien aseguró que cobraba comisiones ilegales para financiar el partido.