El Gobierno restringirá durante dos años el acceso al mercado laboral español de rumanos y búlgaros

La inminente entrada en la Unión Europea de Rumanía y Bulgaria ha motivado que el Gobierno español establezca una moratoria de dos años para el acceso al mercado de trabajo a los ciudadanos de origen rumano y búlgaro, según informaron fuentes del Ministerio de Trabajo.

La moratoria, que será aprobada por el Consejo de Ministros del próximo viernes, será revisada el próximo año y podría eliminarse esta restricción de común acuerdo con los agentes sociales, en el caso de que el flujo de trabajadores procedentes de Rumanía y Bulgaria sea “normal” y no se produzcan “alteraciones sustanciales” en el mercado de trabajo español.

Esta decisión se hizo pública ayer en Bucarest, en el marco del viaje oficial realizado por los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, a Rumanía y Bulgaria para tratar con sus autoridades las condiciones de acceso a la Unión Europea. En la actualidad, se calcula que en España hay un total de 200.000 trabajadores rumanos y unos 25.000 de origen búlgaro que a partir del 1 de enero serán ciudadanos de la Unión Europea y ya no necesitarán un permiso de residencia, al igual que ocurre con el resto de los estados miembros.

Permiso de trabajo

Los búlgaros y rumanos residentes en España que ya cuenten con un contrato de trabajo podrán mantener su situación, mientras que los que carezcan del mismo deberán solicitar un permiso durante el primer año de la moratoria .

De los dos países que ingresan ahora en la UE, los rumanos representan la comunidad más importante y suelen ocupar puestos de trabajo, fundamentalmente en los sectores de la construcción, los servicios y la agricultura. Se trata de un grupo de población de gran movilidad, en función de las grandes obras de construcción o las temporadas de recolección en Huelva, Andalucía, Cataluña o Valencia. Las autoridades rumanas trasladaron a Caldera y Rubalcaba su “satisfacción” por los términos de la moratoria que consideran “flexible y muy favorable” para ambos países. España es el primer país de la UE en tomar esta decisión.

El responsable de inmigración de CC. OO., Julio Ruiz, calificó ayer de “acertada” la moratoria y señaló que la medida supone una “coherencia total” con la trayectoria de la construcción europea, dado que ha sido aplicada a todos los países que se han incorporado a la Unión en las distintas ampliaciones.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes Rumanos en España, Miguel Fondas Stefanescu, consideró “bastante lúcida” la decisión y añadió: “no debería haber moratorias, pero si tiene que haberla, que sea así”.