El escándalo del juego ilegal salpica al hijo de Blasco Ibáñez

El problema de la corrupción política no es de estreno reciente. Si acaso, ahora parece más extenso y de mayor rango, pero seguramente porque hay más medios y mayor atención para saberlo y divulgarlo.

En octubre de 1935, lo que se estrenó en España fue la palabra estraperlo, que de inmediato pasaría a definir todo tipo de actividad irregular o ligada al mercado negro. Y fue así porque estalló el escándalo 'Straperlo', que era la marca de una ruleta fraudulenta que se implantó en casinos españoles mediante la práctica de sobornar a políticos que la autorizaron, que eran del Partido Republicano Radical.

El 'affaire' Strauss, como se llamó al principio a aquella trama, salpicó al político valenciano Sigfrido Blasco Ibáñez, hijo del novelista, y marcó el fin de la carrera política de Alejandro Lerroux, que tuvo que dimitir, primero como presidente del Gobierno y después como ministro, ya que se integró en el nuevo Ejecutivo de Chapaprieta, junto a republicanos y 'cedistas'.

Daniel Strauss era el principal accionista de un trío de negociantes holandeses dedicados a explotar en casinos la ruleta electrónica 'Straperlo', acrónimo formado con los apellidos de los tres socios: Strauss, Perel y Lowann.

Los promotores acordaron con políticos del Partido Radical que estos harían valer sus influencias para conseguir los permisos a cambio de unos porcentajes en los ingresos del negocio. Pero ocurrió que el juego fue prohibido por la policía al comprobarse que era fraudulento: la velocidad de la rueda se controlaba con un dispositivo electrónico, por lo que era fácil gobernarla para que ganara la banca siempre que se quisiera.

La prohibición policial llegó cuando ya había ruletas 'Straperlo' en marcha en San Sebastián y Mallorca. Ante ello, Daniel Strauss acudió al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, para exigir compensaciones económicas por las inversiones realizadas y los sobornos pagados a miembros del Partido Radical, entre ellos familiares y amigos de su líder, Alejandro Lerroux.

Las Cortes formaron una comisión parlamentaria que investigó lo sucedido y dictaminó que dichas actuaciones «no se ajustaron a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen». El 28 de octubre de 1935 las Cortes votaron la culpabilidad de los acusados, todos ellos destacados miembros del Partido Radical: Emiliano Iglesias, Joan Pich i Pon, Sigfrido Blasco-Ibáñez, Aurelio Lerroux (hijo adoptivo de Alejandro Lerroux) y Eduardo Benzo (ex-subsecretario de Gobernación que gestionó el permiso).

Al día siguiente, Lerroux abandonó el Gobierno. Y consecuencia de todo ello fue que el pueblo asumió el término estraperlo como sinónimo de chanchullo, fraude o comercio ilegal.