Educación devolverá a las aulas a 39 liberados sindicales para que den clases

La Conselleria de Educación prescindirá el próximo curso de un tercio de los liberados que trabajan para los sindicatos docentes de la red pública. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, a partir de septiembre ocuparán sus puestos de profesor o maestro 39 sindicalistas que hasta ahora estaban eximidos de sus tareas, lo que significa que volverán a dar clases y a participar en el día a día del centro. En la actualidad, las organizaciones disponen de 121 liberados entre funcionarios y profesores de religión. El último ajuste en este sentido se produjo en 2010, cuando Alejandro Font de Mora estaba al frente del departamento autonómico.

La medida supone contener el gasto educativo ante la actual situación y se suma a la batería de ajustes que afectan al personal docente. El ahorro previsto, teniendo en cuenta que la vuelta a las aulas de los liberados evitaría la necesidad de cubrir sus plazas con otros profesores, puede oscilar entre 1 y 1,5 millones de euros anuales.

La posibilidad de que los ajustes también afecten al personal sindical se ha llegado a comentar en algunos corrillos durante las últimas mesas de negociación, aunque no de forma oficial. Existía la idea de que si a los profesores se les pidió un esfuerzo en forma de pérdida de poder adquisitivo e importantes cambios en sus condiciones de trabajo, también era necesario reclamárselo a los sindicatos, que a la postre serán los perjudicados directos del reajuste.

El liberado es un funcionario que se dedica plenamente a la labor sindical, quedando eximido del quehacer diario, por lo que no da clases ni está a disposición de los alumnos. Participa en mesas de negociación, elabora materiales de trabajo y organiza actos o cursos de formación, entre otras tareas. Por ello, cobra su nómina de profesor.

La fórmula aplicada hasta este curso para determinar el total de profesionales sindicales figura en un acuerdo alcanzado en 1991. El dato era el resultante de multiplicar los delegados por el número de horas sindicales y dividir esta cantidad entre 100. Para el curso que viene, el divisor que se utilizará para el cálculo será 150, que son las horas de trabajo mensuales de un profesor (37,5 a la semana). La Administración pretende aplicar la nueva normativa existente, teniendo en cuenta que en el curso 2010-2011 denunció el acuerdo de principios de los 90 con la intención de cambiarlo, aunque hasta ahora no se había aplicado.

En las últimas elecciones sindicales, celebradas en 2010, el Sindicat de Treballadors de lEnsenyament (STEPV) revalidó la mayoría de los anteriores comicios, consiguiendo 73 de los 171 delegados posibles. Por detrás se situaron CC.OO. PV (33), CSIF (23), ANPE (22), UGT PV (18) y USO (2). La aplicación de la nueva fórmula hace pensar que los sindicatos más afectados por la reducción de liberados serán los que consiguieron mayor apoyo del profesorado participante, que entonces llegó al 67% del total.

En cuanto a los liberados de los sindicatos representativos de la educación concertada, de momento no se prevé ningún ajuste, entre otras cosas porque disponen de un convenio diferente, y por tanto, no están afectados por la modificación del acuerdo de 1991.

Tensión educativa

La medida llega tras uno de los cursos más conflictivos de las últimas décadas, salpicado por cuatro jornadas de huelga, sumando la convocatoria general contra la reforma laboral, y decenas de manifestaciones contra los recortes en las tres provincias, además de movilizaciones semanales en los centros.

La aplicación de los recortes para contener el déficit también ha sido motivo de enfrentamiento en los foros de negociación entre sindicatos y Administración. Desde enero hasta finales de mayo se suspendieron la inmensa mayoría de las mesas técnicas y sectoriales, una acción de presión ante la publicación del primer decreto de recortes salariales. No hubo comunicación entre las partes hasta que la situación amagó con reconducirse tras las jornadas de huelga docente (entre el 16 y el 22 de mayo).

Pero los últimos encuentros oficiales, con asuntos muy importantes a tratar como las instrucciones de inicio de curso, han sido tensos. La mayoría de sindicatos ha supeditado la negociación a que la consellera María José Català les dé datos sobre la afección del aumento de las ratios en las aulas y las horas lectivas en Secundaria, una información que, tal y como argumenta la conselleria, no estará disponible hasta que finalice todo el proceso de matriculación y planificación del nuevo curso.