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EUROPA PRESS
Viernes, 19 de abril 2013, 22:50
La consejera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, María José Català, ha asegurado que "los centros educativos y, especialmente, las familias, tendrán total libertad" para elegir la opción lingüística en la que desean escolarizar a sus hijos.
Català ha realizado esta afirmación durante la presentación de una muestra del artista Juan Genovés al ser preguntada por los medios por las manifestaciones hechas desde la entidad Escolar Valenciana sobre supuestas "presiones" de la inspección educativa a directores para que retiren los proyectos lingüísticos que optan por el valenciano como lengua vehicular.
En este sentido, Català ha aseverado que "no hay en absoluto ninguna presión, como es evidente teniendo dos lenguas cooficiales", el castellano y el valenciano. La consejera ha garantizado "total libertad de los centros y, especialmente, de las familias, que son las que eligen".
En este punto, ha recordado que hay que tener en cuenta que cuando los padres "escolarizan a sus hijos a los 3 años, en el sobre de matriculación, ponen la opción lingüística", que, por tanto, "se respeta absolutamente".
En la misma línea se ha expresado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Císcar, al que se le ha planteado esta cuestión en la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo.
Císcar ha replicado: "No tengo constancia de ninguna presión a ningún director que pida líneas en valenciano y que una entidad lo denuncie no significa que ese hecho realmente se haya producido".
"Siempre cumple las sentencias firmes"
Asimismo, interrogado por cuándo va a cumplir la Generalitat las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que determinan que se han de habilitar líneas en valenciano en centros de Chirivella y Picassent en los que, anteriormente, se habían denegado, Císcar ha subrayado que "el Gobierno valenciano siempre acata y cumple las sentencias cuando adquieren carácter firme".
"El cumplimento es todo un proceso, y supongo que la abogacía estará siguiendo ese proceso, y la Consejería (de Educación) también; si no se cumple, puede dar lugar a que el alto cargo pueda ser procesado por desobediencia a autoridad judicial, así que no admite ningún tipo de broma", ha explicado.
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