Alcoy es la tercera ciudad de España con el IBI más caro en suelo urbano

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) implica un desembolso mayor para los alcoyanos respecto a otras ciudades. Así pues, la capital de l'Alcoià impone un gravamen del 1% a aquellas viviendas y locales que están clasificados en suelo urbano, un porcentaje que solamente superan dos urbes de más de 50.000 habitantes, es el caso de Reus (1,04%), en Tarragona y Elda (1,03%), también en la provincia de Alicante, según los datos de 2020.

Este hecho lo puso de manifiesto el Partido Popular durante una rueda de prensa para pedir la modificación de las ordenanzas fiscales, como la reducción del IBI, una propuesta que lleva años reivindicando el PP desde la oposición y que volverán a debatir en las próximas semanas, según anunciaron ayer.

El portavoz popular, Quique Ruiz, aseguró que "una ciudad con unas condiciones económicas y sociales como las que tiene Alcoy no se puede permitir tener el tercer IBI más alto de toda España". Por este motivo, los populares apuestan por que el dinero permanezca "en el bolsillo de los ciudadanos y empresas" para generar riqueza y reactivar la actividad económica.

Por su parte, la edil popular Amalia Payá aseveró que tras la crisis económica causada por la pandemia "no es momento oportuno" de cargar a los ciudadanos "con más impuestos". Por ello propone una serie de medidas fiscales en las que, en el caso del impuestos a los bienes en suelo urbano pasaría del 1% actual al 0,9%. Esta diferencia de una décima podría suponer una reducción de entre 45 y 50 euros en un recibo de entre 450 y 500 euros.

Ante esto, la edil de Hacienda, Vanessa Moltó, aseguró que el coeficiente actual "es el más bajo de los últimos 20 años", pues cuando el PSOE entró en el gobierno hace 10 años se encontraba en el 1,05%. Moltó añadió que aunque Alcoy pueda tener una cifra superior a otras localidades, "durante el 'boom' inmobiliario no se aumentó el valor de las viviendas", pues la última revisión catastral de los inmuebles data del año 2000, según el Ministerio de Hacienda.

Desde el gobierno, la edil lamentó que los populares no presentaran ninguna propuesta en materia fiscal en el mes de julio cuando, "como todos los años", pidieron a "todos los grupos políticos" que realizaran apuntes sobre posibles modificaciones en las ordenanzas fiscales.

Siguiendo la línea del IBI, los populares también pidieron una reducción en cuanto a las tasas de actividades económicas para las vías públicas que se hallen en los polígonos industriales. En este caso, piden que se rebaje del actual 1,2% a un coeficiente del 0,8%, según Payá, quien añadió que ello repercutiría directamente en las empresas con "un ahorro del 33% del impuesto de actividades económicas".

No obstante, la edil de Hacienda apuntó que el año pasado regularon el impuesto sobre actividades económicas para los polígonos industriales, "es el más bajo que pagan las empresas de toda la Comunitat Valenciana" y de hecho "la presión fiscal de nuestra ciudad está por debajo de la media, tanto a nivel autonómico como nacional".

Moltó también quiso recordar que "los impuestos sirven para atender servicios públicos necesarios para la pandemia", y lamentó que durante los gobiernos del PP hubo años en los que mantuvieron la presión fiscal por encima de la media, "a diferencia de lo que está pasando actualmente". Con todo, los populares aprovecharon para reincidir en otra reivindicación: la eliminación del impuesto del alcantarillado, una tasa que calificaron como "injusta".

De hecho, incidieron en que "ya la pagamos en los 90 cuando se implantó el Impuesto sobre Bienes Inmuebles", una tasa que recogió diferentes "excacciones fiscales que había en la ciudad", entre las que se encontraba aspecto como los balcones aunque también la "basura y alcantarillado", por lo que consideran que "la estamos pagando por dos veces".

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