El Ayuntamiento de Alcoy condenado a pagar 2,1 por la revisión de precios del servicio de recogida de basura entre 2012 y 2018

El Juzgado Contencioso-Administrativo ha condenado al Ayuntamiento de Alcoy a pagar 2,1 millones de euros a la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos de la ciudad, FCC, por la revisión de precios de los años 2012 a 2018.

Desde el grupo socialista municipal se considera se recuerda que la sentencia "no ve mala fe", por lo que no impone ninguna multa, "simplemente estima que el Ayuntamiento deberá pagar una subida de precios que el gobierno, avalada por los técnicos no consideró justa, siguiendo además el mismo criterio que el gobierno del PP, de 2008 a 2011 y el conformado junto a Compromís y Esquerra Unida, que no aplicaron ninguna subida de precios".

Insisten en que "el gobierno socialista de Alcoy ha actuado y actuará siempre para defender los intereses de la ciudadanía, por ese motivo y siguiendo además los criterios técnicos correspondientes, se estimó que no se debía pagar un incremento en el precio por la recogida de residuos a la empresa adjudicataria".

Según la concejala de Régimen Jurídico, Vanesa Moltó, “En ningún caso se trata de desidia, desinterés o pasividad del gobierno, al contrario se trata de voluntad de defender a los intereses de la ciudad, avalados siempre por la justificación técnica correspondiente y es más, hemos hecho exactamente lo mismo que los anteriores gobiernos de la ciudad desde 2008”.

Ante esta sentencia, todos los grupos de la oposición solicitaron a través de una moción conjunta, en el pleno celebrado este viernes, la comparecencia del concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, para que explique cómo se gestionará el pago de esta sentencia y cómo repercutirá tanto al presupuesto municipal como al servicio.

Al respecto, el concejal aludido, mostró su sorpresa por esta moción, "cuando se podría haber debatido en este pleno si lo hubieran preguntado" y recordó que se está hablando de unos actos que vienen desde 2012, por lo que en dicha comparecencia también deberían dar cuenta todos los concejales de Medio Ambiente y de Régimen Local que han pasado por el consistorio.

Los portavoces de los distintos grupos calificaron esta petición como un "ejercicio de transparencia" que está contemplado como elemento de control de gobierno en el ordenamiento de Régimen Local.

Cabe recordar que en 2014 la empresa interpuso un contencioso ante la negativa del Ayuntamiento a atender sus reclamaciones formuladas desde el año 2009 con distintos gobiernos (Partido Popular, PSOE, Compromís y EU, PSOE y EU), para aumentar el coste del servicio y pagar revisiones de precios de 2008 a 2011.

Ante esta reclamación la nueva corporación, entiende que no corresponde el pago de 1,3 Millones que reclamaba en esta la empresa. El tribunal contencioso administrativo, en primera instancia, en 2014, dio la razón al consistorio y entiende que no corresponde el pago de estas cuantías que la empresa reclama en concepto de revisión.

Frente esta sentencia la empresa presentar recurso al TSJ quien finalmente en abril del año 2016 reconoce el derecho de FCC a esa revisión de precios, incrementando la cuantía anual de coste de servicio de basura en la ciudad desde el año 2008, si bien la cantidad a pagar que determina el tribunal no es de 1,3 millones como pretendía la empresa, sino de 723.000 euros.

Ante las sentencias favorables y que reducían la cantidad reclamada, el equipo de gobierno, dice, decidió no aceptar el ajuste propuesto por la empresa.

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