Los jueces de paz de l'Alcoià y el Comtat recurren a la vía autodidacta ante las carencias formativas del sistema

Su labor ejemplifica la idea de 'justicia de proximidad'. Los jueces de paz ejercen sus funciones en aquellos municipios que no son sede de un juzgado de primera instancia e instrucción, facilitando trámites relacionados con el registro civil, convocando actos de conciliación para dirimir disputas, o ejerciendo labores de auxilio judicial.

Una de sus principales razones de ser es la descongestión del trabajo en la judicatura, ya que resuelven asuntos civiles y penales que de otra manera acabarían en un juzgado de primera instancia. Solo en la Comunitat, los juzgados de paz resolvieron en 2021 más de 130.000 asuntos civiles y otros 128.000 de tipo penal.

A pesar del alcance de su labor, los jueces de paz denuncian que reciben escasa o nula formación por parte del Poder Judicial para ejercer sus funciones. Ante esta situación, algunos de estos magistrados de proximidad se ven obligados a recurrir a la vía autodidacta.

Es la situación que se da Muro, municipio que el próximo viernes 17 de junio celebra la sexta edición de unas jornadas formativas dirigidas a los garantes de la justicia de paz. Sus dos conferencias programadas (una sobre las ejecuciones de actos de conciliación y otra sobre la tramitación de expedientes de matrimonio) están enfocadas tanto a los jueces de paz como a los secretarios de justicia de aquellos pueblos con menos de 7.000 habitantes, que es donde más se padecen las carencias de formación y medios.

“Nos sentimos olvidados. En muchas ocasiones no tenemos claro cómo proceder y dependemos completamente del secretario”, reconoce Manolo Seguí, juez de paz en Benillup desde hace más de 20 años. La problemática que expone Seguí se vive principalmente en los pueblos con menor población, en los cuales es el propio personal del Ayuntamiento quien asiste a los jueces de paz. Por contra, en los municipios con más de 7.000 habitantes, estos servicios sí que tienen la suerte de contar con su propio personal administrativo y de secretaría judicial.

Tal y como se ha expuesto en pasadas ediciones de estas jornadas (que reciben el nombre de Pepe Prats; primer alcalde de la democracia en el municipio y su juez de paz durante décadas), a muchos de estos profesionales ni siquiera se les da el Código Civil cuando asumen el cargo. Esa nula formación que vienen denunciado desde hace años debería ser suplida, según reclaman, por el Tribunal Superior de Justicia, ya que “es responsabilidad de las administraciones superiores hacer una defensa decidida por estas figuras para que la calidad del servicio sea buena y próxima al ciudadano”.

En toda la Comunitat hay 506 juzgados de paz, una parte de los cuales se distribuyen en los siguientes pueblos de la partida judicial de Alcoi: Agres, Alcosser, Alcoleja, Alfafara, Almudaina, L’Alqueria d‘Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, L’Orxa, Millena, Penàguila, Planes, Quatretondeta, Tollos, Banyeres, Cocentaina y Muro.

Estos juzgados resolvieron a lo largo de 2021 un total de 1.424 asuntos penales y 1.551 de carácter civil en l'Alcoià y el Comtat. La mayoría de estos asuntos corresponden a exhortos, es decir, oficios remitidos por órganos jurisdiccionales superiores con los que estos quieren realizar una diligencia procesal fuera de su jurisdicción.

A su vez, también ejercen una labor de conciliación cuando surge una disputa entre vecinos, por ejemplo, a la hora de definir los límites en una parcela de terreno. En ese sentido, durante el pasado año se resolvieron 14 juicios verbales y 23 actos de conciliación en la partida judicial de Alcoi.

El funcionamiento de esta justicia de proximidad está cerca de verse alterado, toda vez que el Gobierno trabaja en la aprobación de una ley que afectará a la eficiencia organizativa y procesal del Servicio Público de Justicia. De salir adelante la ley, está previsto que los juzgados de paz se transformen en una suerte de Oficinas de Justicia con un modelo organizativo diferente al actual.

En la Comunitat también se han tomado medidas en este sentido, y es que la Generalitat ha puesto en marcha este año un servicio de orientación jurídica de proximidad llamado 'Justiprop', dirigido a municipios de más de 7.000 habitantes con juzgados de paz.

El servicio ha arrancado con poco menos de 40 sedes en diferentes puntos de la Comunitat, donde los ciudadanos reciben soporte y asesoramiento gratuito para realizar trámites relacionados con la justicia. Por el momento, Banyeres es el único municipio de l’Alcoià y el Comtat en contar con este servicio.

• Temas
• Ministerio de Justicia
• Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
• Benillup
• Benilloba
• Muro de Alcoy
• Juzgados