Obligan al Ayuntamiento de Alcoi a pagar más de 62.400 euros a la empresa que renunció a rehabilitar El Molinar

El Ayuntamiento de Alcoi pagará finalmente más de 62.400 euros a la empresa que renunció a la rehabilitación de las antiguas fábricas de El Molinar. El Partido Popular se ha hecho eco del fallo del juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, el cual ratifica la indemnización inicial (valorada en cerca de 33.000 euros), y a la que ahora suma un nuevo pago de 3.332 euros en concepto de obras ejecutadas. A esta cantidad hay que sumar los 29.425 euros de la devolución de la fianza depositada por la empresa, así como los intereses de demora y los gastos de cobro.

La sentencia corrobora el informe del Consell Jurídic Consultiu que determinó que la paralización de los trabajos fue responsabilidad del Ayuntamiento y no de la empresa constructora. Los populares recuerdan que a consecuencia del bloqueo de las obras, el Ayuntamiento perdió 500.000 euros de fondos europeos.

La portavoz adjunta del PP, Lirios García, sostiene que la última sentencia constata la “nefasta y caótica” gestión del Gobierno local, del PSOE. García apunta que la concejal de Patrimonio Histórico, Lorena Zamorano, cuestionó el pasado enero el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Las tesis del órgano consultivo las avala ahora un juzgado. “Zamorano es una experta en echar balones fuera, pero después de once años en el gobierno debería empezar a asumir responsabilidades, porque su gestión nos sale muy cara a los alcoyanos”, manifiesta.

García recuerda que el gobierno local anunció el proyecto en enero de 2018. Las obras debían finalizar en abril de 2019. El proyecto fue adjudicado dos meses después del plazo máximo: junio de 2019. La Generalitat concedió hasta cuatro prórrogas para finalizar las obras y no perder la subvención: al primer plazo de abril de 2019 se sumaron los de noviembre de 2019 y enero, mayo y noviembre de 2020. "Ninguno de ellos fue cumplido", apunta la popular.

Un mes después de adjudicar el proyecto a la empresa que presentó la oferta más baja, la compañía alegó problemas de acceso a la zona de obras y de seguridad en los taludes, que además no eran de propiedad municipal. La consecuencia fue la paralización de la obra y un nuevo retraso, lo que motivó la rescisión del contrato. Tanto el CJC como el juzgado determinan que la responsabilidad fue del Ayuntamiento, con el consiguiente pago de la indemnización y la devolución de la garantía.

• Temas
• Alicante (Provincia)
• Patrimonio histórico