Los principales contratos públicos de Alcoi agotan su tiempo reglamentario

Asociado habitualmente al argot deportivo, el término prórroga también es de uso frecuente en el ejercicio de la función pública. Las administraciones recurren a esta fórmula para extender la duración de los contratos, siendo empleada habitualmente para ganar tiempo de cara a la nueva licitación de un determinado servicio. Si bien es cierto que la maniobra es legal, hay voces que cuestionan su idoneidad si esta se vuelve una práctica reiterada.

En el Ayuntamiento de Alcoi parece ser este el caso, toda vez que los contratos de sus principales servicios municipales se encuentran prorrogados. Se trata del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, el de abastecimiento de agua potable, el del transporte público, y el de mantenimiento del Teatre Calderón.

La última de las prórrogas en aprobarse ha sido la del servicio del agua; la tercera vez que esto ocurre desde que el contrato finalizara en 2020. Fue en el pleno de la pasada semana, donde los socialistas en el gobierno solo sumaron al suyo el voto favorable del PP para sacar adelante la extensión del contrato. A pesar de su anuencia, el portavoz de los populares, Quique Ruiz, acusaba al gobierno municipal de "falta de solvencia" y de actuar con "desidia" ante la situación de "provisionalidad" del servicio.

La aprobación de esta prórroga llegaba un mes después de la relativa al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos (para el cual se está ultimando el nuevo pliego de condiciones); y unas semanas antes de la inminente prórroga en el del transporte público (la tercera, a pesar de que el ejecutivo quería poner en marcha el nuevo servicio este mismo julio).

Desde el gobierno municipal justifican la legitimidad de las prórrogas recordando que estas "forman parte del contrato". Así lo reconocía el vicealcalde Jordi Martínez en el pasado pleno, quien aseguraba que el gobierno local "es el primer interesado en que finalicen los contratos y se dé una solución a la ciudadanía".

Los contratos de abastecimiento de agua y del transporte público llevan en vigor desde el año 2000. En el caso del primero, partidos como Guanyar o Podem han reivindicado insistentemente su municipalización, algo a lo que el ejecutivo local no ha accedido al apreciar falta de viabilidad en la gestión directa del servicio.

Pablo González, concejal de Guanyar, considera que "hay una falta de previsión o intereses partidistas" por parte de los socialistas en la cuestión, y pone en duda que estos quieran recuperar la gestión directa del agua. Añade González que sin un contrato nuevo, "se están dejando de hacer inversiones necesarias en la red de agua, donde uno de cada tres litros no se sabe adónde va".

El portavoz de Compromís Alcoi, Màrius Ivorra, también reclama la renovación del servicio, para el cual se deberían cambiar tanto el 40 % de los contadores de la ciudad, como el fibrocemento presente en la mayor parte de la red de abastecimiento. Con estos condicionantes, se estima que Alcoi pierde anualmente un millón y medio de metros cúbicos de agua.

Los partidos de la oposición también aprecian deficiencias en el servicio del autobús, con vehículos "excesivamente envejecidos" que han superado su vida útil, o a través de la falta de frecuencia en algunas líneas.

Cabe decir que el Consistorio inició hace meses un proceso participativo (del que forman parte colectivos ciudadanos) para definir las condiciones del nuevo contrato. A pesar de que el proceso debía culminar este mes de julio, desde el Ayuntamiento confirman que volverán a prorrogar el contrato. La razón, según apunta el vicealcalde Martínez, son unas aportaciones "rocambolescas" hechas por PP y Compromís a pocos días antes de llevar el documento a pleno, y que obligarán a alargar el proceso.

Respecto al actual contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, este se firmó en 2018 con una vigencia de cuatro años y la posibilidad de dos prórrogas anuales (la primera de ellas aprobada recientemente). Para acabar con esa situación de provisionalidad, el gobierno municipal prevé externalizar la redacción del pliego técnico y económico del servicio este año a través de una licitación.

La oposición apremia al equipo de gobierno a que emprenda esta renovación para evitar lo que ocurrió entre 2012 y 2018, años en los que el servicio se prestó de forma prorrogada. Fruto de esa situación, el Consistorio está obligado a pagar 3,4 millones de euros a la adjudicataria por no haber aplicado una revisión de precios durante esas seis anualidades.

Desde Guanyar reclaman que de cara a la renovación del contrato se plantee adjudicar por separado la limpieza viaria de la recogida de residuos. Según la plataforma, esta sería una forma de facilitar la remunicipalización el servicio, algo que llevan reclamando desde hace años.

En Podem también son partidarios de municipalizar servicios, aunque son conscientes de las dificultades que está afrontado el Ayuntamiento para poner en marcha su empresa pública. La idea era que el ente despegara el primer trimestre de este año, algo que aún no se ha producido. Cristian Santiago, portavoz de Podem, reconoce que "hay voluntad por parte del gobierno local" a recuperar servicios, pero se muestra cauto respecto a los plazos. A falta de mayor concreción, se espera que los primeros servicios que asuma el ente público sean el de la limpieza de edificios y la gestión del complejo deportivo Eduardo Latorre.

Otro de los servicios susceptibles de municipalización es el del mantenimiento del Teatre Calderón, el principal espacio escénico de la ciudad. Tras concluir su contrato en 2020, el pasado mes de abril se agotaba la última de las dos prórrogas permitidas. Ahora el gobierno trabaja en la licitación del nuevo servicio, a pesar de que algunas voces piden su gestión directa. "Su explotación no sería demasiado costosa y se podría prestar de forma directa a través de la empresa pública, pero el equipo de gobierno no parece estar por la labor de hacerlo, al menos a corto plazo", lamenta Pablo González.

Fuerzas como Ciudadanos y Vox también ponen en cuestión las reiteradas prórrogas en los servicios municipales. La portavoz de la formación naranja, Rosa García, cree que los contratos "han quedado muy obsoletos y son mejorables", mientras que desde Vox, David Abad considera que "se trata de una estrategia política por parte del PSOE para dejar la pelota en el tejado del próximo gobierno".

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