Un acusado de pagar el viaje a Creta de Alperi deberá seguir imputado

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tiene trabajo con los políticos alicantinos, sobre todo desde que han decidido dejar su sillón en Les Corts Valencianes. Así, mientras que una de las causas que casi con total seguridad abandonará el Alto Tribunal valenciano apura su instrucción, el 'caso Brugal', uno de los imputados deberá seguir en esta posición por su relación con la firma Rivaflecha SL, dedicada a la intermediación para contratar viajes en aviones privados y que se encuentra investigada por haber pagado los 36.000 euros del viaje del popular Luis Díaz Alperi a Creta en agosto de 2008, cuando todavía era alcalde de la ciudad.

El empresario José Miguel Soroa Gallano solicitó el sobreseimiento al juez instructor de la causa, el magistrado Juan Climent, quien no obstante ha denegado la petición. Este imputado está citado por su presunta relación en la causa abierta contra la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de Díaz Alperi, por los presuntos amaños del Plan General de Ordenación Urbana para favorecer presuntamente, entre otros, al empresario Enrique Ortiz.

No obstante, su papel, según se desprenden de las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento, no sería otro que el de haber participado supuestamente en el pago de esos 36.000 euros para que el exdiputado autonómico del PP pudiese realizar un viaje a Creta a pocos días de dejar la Alcaldía. Según las investigaciones llevadas a cabo, esta transferencia podría haber sido una de las prebendas al político alicantino para obtener información del PGOU antes de su adjudicación.

Sin embargo, según alega el empresario en su escrito remitido al instructor, su participación en los negocios inmobiliarios es nula, por lo que niega haberse beneficiado de las presuntas irregularidades en el PGOU. Asimismo niega que tenga domicilio en Alicante.

Pese a ello, el juez Climent estima que «no ha lugar, por el momento, a acordar sobre el sobreseimiento libre solicitado». Coincide el magistrado con el criterio del Ministerio Público, que señala que el actual no es el momento procesal para acordar dicha medida.

Insiste el empresario investigado, residente en Vizcaya, que carece de relación alguna con el resto de imputados. Tanto es así que sostiene que ni siquiera conoce a qué se dedican. Pese a ello, su nombre figuraba como apoderado de la firma Rivaflecha SL en el momento de la transferencia, «único motivo», señala, para su imputación.

Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tiene pendiente el asunto de los tres presuntos delitos fiscales de Luis Díaz Alperi. Después de dejar su sillón en Les Corts, y perder su calidad de aforado, el juez que dirige la causa contra el exalcalde de Alicante ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal valenciano que resuelva qué órgano judicial es competente para concluir la instrucción y abrir juicio oral, en el caso de estimarlo así.

La causa se encuentra en los últimos compases antes de llegar a este posible escenario. Alperi está acusado de defraudar a Hacienda 682.681 euros durante los ejercicios 2007, 2008 y 2010, tal y como se desprende del informe elaborado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En este documento se basa la Fiscalía del Alto Tribunal valenciano para sustentar su acusación, que puede llevar al exalcalde alicantino a sentarse en el banquillo de los acusados.

Según ese informe, el exdiputado autonómico habría llevado a cabo una serie de operaciones simuladas con varias empresas que comparten domicilio social en Madrid para hacerse con una embarcación tipo catamarán de 15,54 metros de eslora. Durante esos años, Alperi habría declarado al fisco un patrimonio muy por debajo del real, como sostiene el Ministerio Público. El ejercicio más sospechoso resultó ser el de 2007, en el que reconoció ingresos de 113.250 euros cuando las investigaciones recogen algo más de un millón de euros de ganancias.