La lista del PP en Alicante se agota

Hace poco más de tres años, el Comité Electoral Nacional del PP, presidido por el exministro de Agricultura y candidato del PP en las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, aprobaba las listas presentadas por el entonces líder del PP valenciano, Francisco Camps, para concurrir a las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011. Aquella candidatura, bendecida por Mariano Rajoy, incluía a nueve cargos públicos implicados en presuntos casos de corrupción.

Además del propio Camps, imputado al igual que Ricardo Costa en el famoso "caso de los trajes", en la lista figuraban Milagrosa Martínez, Vicente Rambla, David Serra y Yolanda García, investigados por la rama valenciana de "Gürtel". En esta vertiente de la investigación judicial entraría más tarde otra exconsellera -Angélica Such-, incluida también en la candidatura de Camps.

Además de los investigados por supuesta financiación ilegal del PP y la presunta contratación irregular con la trama Gürtel, el entonces líder del PPCV incluyó también a dos imputados por la rama del "caso Brugal" relativa al PGOU de Alicante: el exalcalde Luis Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo. Más tarde, Alperi acabó siendo investigado por otro caso de corrupción, en esta ocasión por un presunto fraude fiscal, asunto que finalmente fue el que puso fin a su carrera política. Finalmente, en la lista de los populares a las elecciones autonómicas de 2011 también se coló el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, entonces investigado por un delito de tráfico de influencias y en la actualidad condenado a tres años de cárcel y a la espera de que le concedan o no un indulto que determinará si ingresa en prisión.

Poniendo el foco en la candidatura por la provincia de Alicante, en el momento de aprobarla tenían problemas con la justicia Sonia Castedo (número 1), Milagrosa Martínez (número 3), Luis Díaz Alperi (número 4), David Serra (número 10), Pedro Hernández Mateo (número 14) y Yolanda García (número 20). También Angélica Such (número 8) sería imputada poco después.

La anunciada dimisión de Sonia Castedo, cuya renuncia ante notario ya anticipó este diario el mismo día en que la alcaldesa de Alicante entró en la clínica para dar a luz a su segunda hija, eleva a cinco el número de diputados autonómicos elegidos en aquellos comicios que han abandonado su escaño por efecto de la "línea roja" de Alberto Fabra: Milagrosa Martínez, Díaz Alperi, Angélica Such y Hernández Mateo, además de la propia Castedo. En situación comprometida quedan Yolanda García y David Serra, imputados también, pero que siguen ocupando sus escaños.

No obstante, a las dimisiones por problemas judiciales hay que añadir las salidas de diputados autonómicos del PP que dejaron Les Corts para irse al Congreso, al Senado o al Parlamento Europeo, como son los casos de Gerardo Camps, Mario Flores y Eva Ortiz. Tampoco continúan César Augusto Asencio, alcalde de Crevillent, que dejó el escaño en septiembre de 2011 para centrarse en su labor como edil y como vicepresidente de la Diputación, y Antonio Ángel Hurtado, alcalde de Almoradí, que renunció en abril de 2013 al acta por motivos personales.

En resumen, de los veinte nombres que salieron elegidos por el PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2011, solo 11 continúan en sus escaños y dos de ellos (David Serra y Yolanda García) están amenazados por la línea roja de Alberto Fabra.

Las salidas y renuncias han dejado a la lista alicantina del PP prácticamente agotada. La salida de Sonia Castedo debería ser cubierta por Juan Bautista Roselló (número 31 de la candidatura de 2011), pero el alcalde de Benissa y diputado provincial no será el sustituto, sino que tal responsabilidad recaerá en Guillermo Moratal, primer edil de Lorcha, quien le reemplazará, por lo que solo quedan ya tres nombres más por detrás (Mercedes Torregrosa, José María Rodríguez Galán y Ana Kringe) para cubrir las posibles renuncias de García y Serra.

Evidentemente, el PPCV está pagando ahora la estrategia que Francisco Camps pergeñó entonces y que Alberto Fabra se está encargando de desmantelar. Camps intentó "blindar" a algunos de sus cargos públicos más fieles con un escaño en Les Corts, lo que les garantizaba el aforamiento y el juicio, llegado el caso, en el TSJ. Todo ello, además, dilataba los procedimientos judiciales, especialmente los que afectaban a Alperi y Castedo. Los juzgados ordinarios tuvieron que inhibirse y trasladar la instrucción a Valencia.

La lentitud judicial denunciada por Castedo no hacía más que aumentar con este cambio. Ahora, con su renuncia y la de Alperi, el "caso PGOU" abandonará el TSJ tres años después para regresar a los juzgados de Alicante con el consiguiente retraso añadido.